Por El diputado priista Marco Mendoza aseguró que buscarán transparentar el gasto realizado.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que la actual legislatura tiene la obligación legal de dar cumplimiento a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar correctamente la consulta indígena que invalidó en diciembre de 2023.
Mendoza Bustamante detalló que en las últimas sesiones de la Junta de Gobierno abordaron el tema y “estamos haciendo la ruta para el cumplimiento de la sentencia”.
Señaló que el cumplimiento demanda una “ruta crítica”, plazos y sobre todo la comunicación con las comunidades y pueblos indígenas del estado.
El siete de diciembre de 2023, las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad, no se llevaron a cabo de acuerdo con los parámetros fijados por La Corte
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) invalidó los decretos 573 y 576, publicados el 22 de agosto de 2023, por medio de los cuales fue reformado el Código Electoral del Estado de Hidalgo.
La Corte determinó que las disposiciones reformadas afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad.
Por lo que existía la obligación de realizar consultas previas, de conformidad con los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Federal, 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las cuales no se llevaron a cabo de acuerdo con los parámetros fijados por la SCJN e instrumentos internacionales, previamente ordenadas en la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019.
Ante ello, Mendoza Bustamante explicó que ya se han acercado con grupos y gubernaturas indígenas del estado, del Valle del Mezquital, de la zona otomí-tepehua, huasteca y sierra, en la que se han hecho planteamientos para dar cumplimento a la resolución.
El también presidente del PRI estatal precisó que el Congreso deberá observar todos los aspectos de la resolución de la Corte para no incurrir nuevamente en fallas que pudieran “tirar” por tercera ocasión la consulta.
“Demanda una labor titánica, para que la consulta cumpla su propósito y libre darle voz a los intereses y necesidades de los pueblos originarios, que fue de lo que adolecieron las consultas anteriores”.
Respecto de la consulta de personas con discapacidad, Mendoza Bustamante señaló que tendrán que continuar por “la ruta de aprendizaje”, para hacerlo hasta que la Corte considere que se ha dado cumplimiento.
“Habrá que analizar el costo”.
Con relación a los 12 millones de pesos gastados en las consultas, el legislador priista aceptó que habrá que revisar que “no haya un dispendio” en el cumplimiento de la resolución (de la SCJN).
“Debe revisarse (el gasto realizado por la 65 legislatura) todo gasto público debe revisarse y máxime si la Corte ya señaló que la consulta no se realizó como corresponde”.
“El incumplimiento de contrato (de la consultoría contratada) no amerita una cláusula exprofeso para eso, hay una cláusula de la Corte que determina que la Consulta no fue realizada como debía, con los parámetros mínimos, en todo caso la Consultoría debió desarrollar, eso abre la posibilidad de exigir el cumplimiento del contrato”.
Añadió que no han llegado al punto de abrir una investigación en contra de los integrantes de la anterior legislatura por la pérdida de los poco más de 12 millones de pesos, “habrá que revisarse todo y transparentarlo para que la ciudadanía se entere cómo se aplicó el recurso”.
Finalmente, adelantó que no se ha hablado de algún presupuesto para cumplir la resolución judicial para el próximo año.
