Por Firmar en colectivo, pagar en solitario
Yarely Melo
Lo he visto de cerca.
He sentido la preocupación.
La necesidad de aprender.
La urgencia de hacer las cosas bien…
y después, el silencio.
Un silencio extraño, denso, incómodo.
Un silencio que no ocurre cuando se toman las decisiones, sino cuando llegan las consecuencias.
Porque hay algo que en el ejercicio del poder municipal rara vez se dice en voz alta: el Cabildo es un órgano colegiado para decidir, pero no para responder.
La escena es conocida.
Sesiones largas, argumentos cruzados, acuerdos que se construyen entre tensiones políticas, presiones institucionales y, en muchos casos, urgencias presupuestales. Se vota. Se aprueba. Se firma.
En ese momento, la decisión parece compartida.
La responsabilidad, también. Pero es una ilusión.
El diseño institucional permite que la decisión se diluya en el colectivo, pero cuando el tiempo pasa, cuando la auditoría revisa, cuando la observación se convierte en procedimiento, la lógica cambia. El acuerdo ya no importa. La votación deja de ser refugio. La narrativa política desaparece.
Lo único que permanece es la firma. Y la firma no es colectiva.
Ahí comienza la verdadera arquitectura del poder: la que no se ve en las sesiones, ni en los discursos, ni en los acuerdos celebrados. La que aparece cuando quienes operaron la decisión ya no están, cuando quienes convencieron guardan distancia, cuando quienes presionaron simplemente desaparecen.
En ese punto, el poder deja de ser compartido y la responsabilidad se vuelve radicalmente individual.
No importa si la decisión fue impulsada desde otra área.
No importa si existió presión política.
No importa si “todos estuvieron de acuerdo”.
El sistema no pregunta cómo se construyó la decisión. Pregunta quién firmó.
Esta es la fractura más profunda del ejercicio público: la distancia entre la construcción política de las decisiones y la asignación jurídica de sus consecuencias.
Durante años, se ha normalizado la idea de que gobernar es negociar, que ceder es parte del equilibrio, que sostener acuerdos es una forma de gobernabilidad. Y lo es. Pero hay un límite que no siempre se nombra: cuando la negociación sustituye a la legalidad, el costo no se distribuye… se concentra.
Y siempre en alguien.
La narrativa del “todos lo hicimos” funciona mientras el poder está presente.
Pero cuando el poder se retira, lo colectivo se disuelve y lo individual queda expuesto.
Ahí es donde muchas trayectorias públicas se rompen.
No por falta de capacidad, ni por falta de intención, sino por una comprensión incompleta del poder que se estaba ejerciendo.
Porque el poder real no es el que se comparte en la mesa.
Es el que se puede sostener cuando la mesa desaparece.
Esa es la diferencia entre participar en decisiones y asumirlas.
Entre formar parte del acuerdo y hacerse responsable de él.
Entre ejercer el cargo… y comprenderlo.
En la arquitectura del poder municipal, esta distinción no es menor. Es estructural.
Mientras se siga operando bajo la lógica de que la responsabilidad es colectiva, se seguirá alimentando una ficción peligrosa: la de creer que el respaldo político protege de las consecuencias jurídicas.
No lo hace. El poder puede ser negociado. La responsabilidad, no.
Y en ese punto exacto —donde el poder desaparece y la responsabilidad permanece— se revela la verdadera dimensión del servicio público.
No como espacio de acuerdos, sino como terreno de decisiones que, tarde o temprano, exigen ser sostenidas en soledad.
Porque al final, gobernar no es decidir en colectivo.
Es tener la claridad —y el carácter— para asumir en lo individual aquello que otros estuvieron dispuestos a negociar.
Y entender, sin margen de error, que en la arquitectura real del poder…
la responsabilidad nunca se comparte.
Yarely Melo
Poder con Propósito
