Invocan el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, que contempla encuestas y consultas para conocer la opinión ciudadana.
A través de redes sociales, un grupo de pobladores solicitó al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, promover una consulta ciudadana para conocer la opinión de la población sobre el ingreso y operación de plataformas digitales de transporte, como Uber, actualmente sujetas a restricciones legales en la entidad.
Los ciudadanos fundamentaron su petición en el artículo 14, fracciones V y VI, del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, publicado el 7 de febrero de 2019, el cual establece mecanismos de participación para evaluar políticas, programas y proyectos relacionados con la movilidad y la seguridad vial.
“Con la ley en la mano se le pide, se le motiva, se le insta, se le conmina, se le exige a Julio Menchaca que lleve a cabo la consulta para modificar la ley para que ingresen las plataformas del servicio de transporte público”, señala el pronunciamiento difundido en redes sociales.
La fracción V del artículo citado establece que las encuestas deben efectuarse para conocer la opinión de la ciudadanía respecto al diseño y operación de los servicios de transporte público, mediante empresas o instituciones con experiencia comprobada y con la presentación de la metodología utilizada.

Por su parte, la fracción VI dispone que la Secretaría de Movilidad y Transporte debe realizar consultas para obtener la opinión ciudadana sobre proyectos de movilidad que tengan un impacto significativo en los desplazamientos de los habitantes del estado.
Los promoventes consideran que estas disposiciones proporcionan fundamento para solicitar un ejercicio de participación ciudadana antes de determinar posibles cambios al marco legal que regula los servicios de transporte contratados mediante aplicaciones digitales.
La petición surge después de que la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Lyzbeth Robles Gutiérrez, reiteró que el esquema de operación anunciado por Uber no está contemplado como una modalidad autorizada en la legislación estatal y que los prestadores del servicio deben contar con la concesión correspondiente.
Durante su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo, el pasado 21 de octubre, Robles Gutiérrez informó que, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, se aplicaron 50 infracciones relacionadas con servicios de transporte ofrecidos mediante plataformas digitales o redes sociales.
Aunque el reglamento contempla mecanismos para recabar la opinión de la ciudadanía, las disposiciones citadas no establecen que una consulta pueda modificar por sí misma la legislación vigente ni que sus resultados sean vinculantes para el Congreso local.
La solicitud difundida en redes sociales plantea, por tanto, que el gobierno estatal abra un proceso de participación ciudadana para conocer la postura de los hidalguenses sobre las plataformas de transporte y valorar posibles modificaciones a la ley que permitan regular su funcionamiento.
Hasta el momento, no se ha acreditado que los promoventes hayan presentado formalmente su petición ante el gobierno estatal a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte.


