Por Considera que es “anacrónico y discriminatorio”.
La diputada local, Tania Meza Escorza, presentó una iniciativa para eliminar el delito de “rapto” del Código Penal de Hidalgo, ya que, dijo, “se trata de una figura jurídica anacrónica y discriminatoria que perpetúa estereotipos de género y normaliza la violencia contra mujeres y niñas”.
En sesión de la Diputación Permanente recordó que históricamente, el rapto está relacionado con el robo o “compra” de una mujer (sea cual fuera su estado) y consistía en sacarla de la custodia de sus padres, su esposo o tutor.
En un principio fue considerado como un robo común, y no como un crimen contra la libertad de las mujeres, estas eran consideradas una propiedad y, por lo tanto, era un delito contra el derecho que tenía un hombre sobre una mujer. Los elementos comunes al rapto son: el que se apodere de una mujer, por medio de violencia o el engaño, para satisfacer un deseo erótico sexual, o con el propósito de casarse.
Por lo que su existencia da cuenta de la subsistencia de la cosificación de la mujer; en este sentido, dichos delitos son contrarios a los derechos a la libertad individual, la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual. En palabras de Meza, mantener el delito de rapto vigente, en pleno 2025, representa “un vestigio vergonzoso de discriminación y violencia”.
Actualmente, Hidalgo y Nuevo León son las únicas dos entidades del país que aún contemplan este delito en su legislación penal, “lo que coloca a nuestro estado en un rezago legislativo incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano”, aseguró la legisladora.
Desde 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) declaró que el rapto forma parte del tipo de conductas que son perpetuadas por actitudes tradicionales que invisibilizan la violencia contra las mujeres.
En 2019, la CNDH dio a conocer que la federación y 29 entidades federativas ya no regulaban el tipo penal de rapto, lo cual se consideró un elemento en favor de los derechos de las mujeres.
Para el año 2020, señaló que las únicas entidades que prevén el delito de rapto son Hidalgo y Nuevo León; además, hizo un llamado a que se derogue el delito de privación de la libertad con fines sexuales en Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
En 2021, la CNDH reveló que en Hidalgo y Nuevo León el delito se enfoca al rapto de mujeres con fines sexuales y, en el caso del segundo estado además se prevé la no aplicación de la acción penal cuando el raptor contraiga matrimonio con la mujer víctima del delito.
Para 2022, la Comisión instruye que en Hidalgo tanto el delito de rapto como el delito de privación ilegal de la libertad deben derogarse de manera inmediata, en cumplimiento a los tratados internacionales y a la progresividad de los derechos humanos.
Mientras que en 2023 y 2024 conmina al Congreso de Hidalgo a derogar el delito de rapto, ya que, en este delito se prevén penas y condiciones diferenciadas para supuestos que históricamente han afectado desproporcionadamente a las mujeres y en los que otros delitos brindan una mejor protección.
En ese sentido, la morenista destacó que las conductas descritas en el delito de rapto ya se encuentran previstas en tipos penales más severos y protectores, como el secuestro, la privación ilegal de la libertad y la violación, lo que garantiza que no exista impunidad ni vacíos legales tras su derogación.
“Hoy podemos corregir un error histórico. Derogar el delito de rapto es dar un paso firme hacia la justicia histórica que se le debe a las mujeres y niñas hidalguenses, y hacia la construcción de un marco jurídico libre de discriminación y estereotipos”, expresó Tania Meza.
La iniciativa, además, responde a los compromisos de México con instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan a los Estados a eliminar cualquier norma que legitime la violencia de género.
