No debemos confundir legitimación con popularidad: Norma Piña

No debemos confundir legitimación con popularidad: Norma Piña

⁃ La magistrada señaló que no se debe usar las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña en el marco del 25 aniversario del Instituto Federal de la Defensoría Pública, afirmó que “no debemos confundir legitimación con popularidad”.

“Es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas, del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social. “

La magistrada explicó que la diferencia entre estas, puede ser sutil, pero no lo es, añadió que la búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que en la ley da a la propia institución.

Asimismo apuntó que las instituciones no sólo deben trascender a quienes las integran, sino que también deben evolucionar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, sin perder la esencia de su origen.

Ante personas defensoras y asesoras jurídicas, expuso que los orígenes de la “dolorosa injusticia” de desigualdad que se se vive en el país no está en sus manos, sin embargo, contenerla ocurre en cada decisión que toman.

La magistrada comentó que las instituciones públicas, están sujetas a la constante aprobación y consecuentemente, a la legitimación social, por lo que no habrá confianza, aceptación y credibilidad ciudadana, si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social.

“Asumo, junto con ustedes, el reto, los retos, que nos plantea la especialización adecuada para atender satisfactoriamente la defensa de los derechos de las infancias, de las personas con discapacidad, de las personas, comunidades y pueblos indígenas y afro mexicanos, de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas de la diversidad sexual, entre otros muchos”.

Finalmente invitó a los presentes a garantizar a las y los mexicanos el acceso a la justicia en los términos que mandate la Constitución, a la que juraron defender y obedecer.

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