Por ¿En qué momento el servicio público dejó de ser responsabilidad y se convirtió en cálculo?
En el poder municipal, el control no siempre se ejerce con dinero.
A veces se ejerce con miedo.
La escena es conocida en muchos Cabildos del país:
“Si no firmas la Cuenta Pública, tendrás problemas.”
La frase parece jurídica. No lo es. Es disciplinaria.
Y lo más preocupante no es que exista.
Es que la hemos normalizado.
Durante años hemos permitido que el juego de intereses sustituya al análisis técnico, que la lealtad política pese más que la revisión presupuestal, que la complicidad silenciosa sea más rentable que la deliberación responsable.
Los incentivos se han invertido.
Hoy se premia la obediencia rápida.
Se castiga la pregunta incómoda.
Se desincentiva la revisión rigurosa.
La Cuenta Pública es un acto colegiado.
La responsabilidad es individual.
La firma no exime automáticamente.
La negativa fundada tampoco es delito.
El verdadero riesgo no está en cuestionar.
Está en firmar sin revisar.
En no dejar constancia técnica.
En convertir el Cabildo en trámite.
Pero el miedo funciona porque es simple.
No requiere argumentos, solo presión.
Cuando se logra que los regidores teman más a la negativa que a la firma sin análisis, el equilibrio institucional se rompe. Y así, poco a poco, se erosiona el sentido del servicio público.
¿Desde cuándo aceptamos que la opacidad fuera estrategia?
¿Desde cuándo la complicidad se volvió prudencia?
¿Desde cuándo el silencio se confundió con gobernabilidad?
Cada vez que se instala la amenaza velada como mecanismo de disciplina, no solo se neutraliza un contrapeso. Se debilita la confianza ciudadana. Se alimenta el desencanto. Se profundiza la percepción de que nada cambia.
El atraso institucional no siempre es producto de grandes escándalos. A veces es consecuencia de pequeñas renuncias repetidas: una firma sin revisión, una observación no asentada, una duda que no se expresó por temor.
El problema no es la firma.
Es el sistema que premia la sumisión y desalienta la conciencia técnica.
Un municipio sano no necesita miedo para funcionar. Necesita reglas claras, información completa y funcionarios que comprendan que su responsabilidad no es proteger intereses coyunturales, sino resguardar el patrimonio público.
El miedo no es gobernabilidad.
Es síntoma de fragilidad.
Y mientras no rediseñemos los incentivos que hoy favorecen la opacidad y el silencio, seguiremos preguntándonos por qué la ciudadanía desconfía, por qué se desalienta y por qué el servicio público perdió su rumbo.
Gobernar con propósito implica algo elemental: sustituir el miedo por responsabilidad y la presión por deliberación.
Porque el contrapeso no es obstáculo.
Es la esencia de la democracia municipal.
Yarely Melo Rodríguez
Columna: Poder con Propósito
