Por El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso aseguró que “no quedará al olvido”.
Fernando Hidalgo Vergara
El diputado Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, aseguró que habrá una investigación sobre los recursos que la 65 legislatura gastó en la Consulta Indígena que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida, por inconstitucional.
En conferencia de prensa, Velázquez Vázquez explicó que aún no analizan a fondo los requerimientos que estableció la Corte, sin embargo reconoció que no se puede “decir borrón y cuenta nueva, acuérdense que son los recursos de todos nosotros, no podemos decir que quedó en el olvido”.
El coordinador de Morena en el Congreso local aseguró que esta consulta se realizará una vez más, como lo ordenó la SCJN, y que la 66 legislatura aprovechará su experiencia en el sector agrario para reunirse con los integrantes de los pueblos originarios y trazar la ruta de la nueva consulta.
“No podemos seguir tirando al dinero, necesitamos gente con experiencia y aprovechar al gobierno federal para que no apoye”, aseguró.
Gastó Congreso de Hidalgo casi 10 mdp en consulta indígena que no dio resultados
El Congreso del Estado de Hidalgo gastó casi 10 millones de pesos en la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicana 2022.
De acuerdo con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la LXV Legislatura de la entidad debió reponer la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicana, toda vez que la realizada en 2019, durante la presidencia del morenista Ricardo Baptista, careció de sustento jurídico.
En marzo de 2020, la SCJN invalidó el decreto 204 por el que se reformó el artículo 5° de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Para la consulta, la Legislatura 65, que presidió en su primer año el coordinador de la bancada de Morena, Jorge Hernández Araus, emitió la Licitación Pública Nacional número CELSH-CAASSP-LP-003-2022 para su realización.
De dicho fallo, resultó beneficiada la única propuesta realizada por una empresa con sede en la Ciudad de México denominada “SEAP Consultores S.C.” por un monto total de 9 millones 720 mil 800 pesos más IVA.
Sin embargo, la segunda consulta fue nuevamente impugnada, por inconstitucional, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo público promovió la acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto número 576, por el que se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 22 de agosto de 2023.
Esta acción considera que se violó, por parte del Congreso hidalguense, el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas.
Por lo tanto, la CNDH emitió la Demanda de acción de inconstitucionalidad 196/2023, presentada ante la SCJN, la cual la invalidó.
Sin cláusula de responsabilidad, contratos de Consultas del Congreso.
El Congreso del estado de Hidalgo tendría que pagar de nuevo para rehacer las Consultas tiradas por la SCJN.
Los contratos signados por el Congreso del estado de Hidalgo con la empresa SEAP Consultores S.C., no cuentan con una cláusula de responsabilidad para el proveedor ante la inconstitucionalidad declarada por la SCJN, para las consultas realizadas por esa empresa.
La Consulta a los Pueblos y comunidades Indígenas de Hidalgo, cuyo contrato celebrado es el CELSH-DGSA-LP-CO23/2022, tuvo un costo al erario fue de 9 millones 720 mil pesos.
Por su parte, el contrato para la Consulta a personas con discapacidad, con la misma empresa, cuya representación legal es de Mariana González Morales, costó al Congreso 2 millones 494 mil pesos, bajo el folio CELSH-DGSA-LP-CO24/2022.
En ambos casos, las Consultas elaboradas por esa empresa y pagadas por el congreso hidalguense, con un total de 12 millones 214 mil 800 pesos, fueron declaradas inconstitucionales por la SCJN.
El entonces presidente la Junta de Gobierno del Congreso, Jesús Osiris Leines Medécigo, informó en ese momento que el Congreso pediría a la empresa encargada la reposición de ambas consultas, sin costo extra, lo que no hizo ni ocurrió.
Por separado, el exdiputado Miguel Ángel Martínez Gómez, quien presidía la Comisión de Atención a los Pueblos Indígenas, informó que las pólizas en el contrato con la empresa cubrirían la reechura de las consultas.
Sin embargo, los contratos elaborados para tal efecto no contemplan penalización alguna para la empresa responsable ni medidas a tomar ante la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, en ninguna de sus cláusulas.
