Por La iniciativa plantea penas de 15 a 20 años de prisión, multas de hasta 2,250 UMAs e inhabilitación obligatoria para cargos con trato directo con menores
La diputada Claudia Luna, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó este día una iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de tipificar la pederastia como un delito específico y fortalecer la protección legal de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta surge, según se informó, de la preocupación expresada por jóvenes de Acción Juvenil del PAN ante la vulnerabilidad de la niñez frente a figuras de autoridad. El proyecto fue trabajado en coordinación con la legisladora y su equipo, quienes realizaron el análisis, revisión y fundamentación jurídica correspondiente.
La iniciativa contempla la adición del capítulo denominado “Pederastia”, así como la incorporación de los artículos 190 Bis y 190 Ter al Código Penal estatal. Con ello, se busca cerrar vacíos legales que actualmente dificultan la persecución de delitos sexuales cometidos por personas en posiciones de poder, confianza o subordinación, como familiares, docentes, ministros de culto o cuidadores.
De acuerdo con el planteamiento, al establecer la pederastia como tipo penal autónomo se evita que estas conductas se clasifiquen dentro de figuras genéricas de abuso sexual, lo que —sostienen— no refleja la gravedad de la asimetría de poder entre agresor y víctima.
En materia de sanciones, el proyecto de decreto propone penas de 15 a 20 años de prisión y multas de hasta 2,250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, establece que el consentimiento de la víctima menor de edad no excluye la configuración del delito.
La iniciativa también contempla agravantes que podrían aumentar la pena hasta en una mitad cuando el agresor sea reincidente, haya ejercido violencia o cuando la víctima sea menor de 12 años de edad.
Como medida complementaria, se prevé la inhabilitación obligatoria para desempeñar empleos, cargos o comisiones que impliquen trato directo con menores de edad, por un periodo no menor al de la pena de prisión impuesta, con el fin de garantizar una protección preventiva a largo plazo.
Según la exposición de motivos, la reforma busca armonizar la legislación estatal con estándares internacionales en materia de protección de la niñez y reforzar el marco jurídico para sancionar conductas que impliquen abuso de poder en perjuicio de personas menores de edad
