Por La Secretaría de Contraloría descarta conflicto de interés en obra pública
Ante lo que consideraron como “las interpretaciones derivadas de los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”, el Gobierno de Hidalgo y la Secretaría de la Contraloría emitieron una aclaración respecto a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) relacionada con la Cuenta Pública 2024.
De acuerdo con el boletín, la ASF emitió una PRAS, la cual constituye una solicitud de verificación administrativa y no una sentencia. Su objetivo, precisaron, es que la Contraloría estatal valide la legalidad de los procesos en los que puedan existir vínculos de afinidad, sin que ello implique necesariamente un daño patrimonial.
Sobre la obra del bardeado perimetral señalada, se informó que fue concluida y entregada en mayo de 2025. Tras una auditoría física, la propia ASF determinó que la infraestructura no presenta observaciones, confirmando la correcta aplicación de los recursos públicos.
En el análisis del caso, se sostuvo que el funcionario mencionado “no participó ni influyó en el proceso de contratación, ya que el procedimiento licitatorio había concluido cuando asumió el cargo”. Asimismo, la dependencia indicó que la empresa proveedora acreditó capacidad técnica, registro vigente y obtuvo el contrato mediante licitación pública competitiva.
La postura institucional señala que la Contraloría identificó un posible conflicto como medida preventiva por parentesco; sin embargo, tras el dictamen correspondiente, el Ejecutivo estatal sostiene que no existe conflicto de interés al no haberse acreditado afectación a la imparcialidad del fallo.
El secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales, explicó que es necesario distinguir entre un “posible conflicto” como escenario de riesgo administrativo y una “actuación bajo conflicto de interés”, la cual requiere la comprobación de un beneficio indebido, supuesto que —afirmó— no se acreditó en este caso.
Finalmente, el gobierno estatal informó que Hidalgo se encuentra en periodo de solventación para acreditar con pruebas documentales que los procesos cumplieron con los principios de economía y honradez, reiterando su respeto a las facultades de la ASF.
