Por -Se renovará el Poder Judicial en 2027 con un nuevo mecanismo de elección basado en méritos y sin financiamiento privado o público
-Se crearán el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial para garantizar una mejor impartición de justicia
El gobernador Julio Menchaca presentó este día ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de transformar el Poder Judicial de la entidad, alineándolo a los principios de la reforma federal en la materia.
La propuesta contempla la renovación del Poder Judicial en el año 2027, estableciendo un proceso de elección concurrente con las elecciones federales, municipales y legislativas locales de ese mismo año.
Este proceso garantizará que quienes aspiren a un cargo judicial acrediten su capacidad, a través de un examen de oposición, antes de ser considerados en la lista de candidaturas, elaborada por los Comités de Evaluación de los Poderes del Estado.
Entre los principales cambios que introduce la iniciativa, destacan los siguientes:
Elección y permanencia de jueces y magistrados:
Las campañas para los cargos judiciales durarán 60 días y no tendrán etapa de precampaña.
Queda prohibido el financiamiento público o privado en las campañas de quienes aspiren a estos cargos.
Las personas electas en 2027 tendrán un periodo de 6 o 9 años en el cargo, dependiendo de su votación, con posibilidad de reelección sin que esto implique inamovilidad.
Nuevas instituciones para la disciplina y administración judicial:
Se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que será responsable de sancionar responsabilidades administrativas de jueces, magistrados y demás integrantes del Poder Judicial.
Se establecerá el Órgano de Administración Judicial, que asumirá las funciones actualmente en manos del Consejo de la Judicatura, el cual desaparecerá una vez que entren en funciones estas nuevas instancias.
Garantías de transparencia y eficiencia:
Se prohíbe al Poder Judicial la creación de fideicomisos, fondos o contratos análogos que no estén expresamente previstos en la ley.
Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa deberán resolver los asuntos en materia tributaria en un plazo máximo de seis meses, bajo riesgo de sanciones.
Además, la reforma establece que quienes actualmente ocupan cargos judiciales podrán participar en la elección de 2027, salvo que declinen expresamente su candidatura o busquen un cargo distinto. Para aquellos que no participen o no resulten electos, se contempla una indemnización conforme a la legislación laboral aplicable.
Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de Hidalgo reafirma su compromiso con la independencia judicial, la eficiencia en la impartición de justicia y la transparencia en los procesos de selección de jueces y magistrados.
