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Tercera Entrega de Resultados y del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021
Esta tarde en la Cámara de Diputados, el Auditor Superior David Colmenares Páramo ,realizó la Tercera Entrega de Resultados y del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
La Tercera Entrega se conforma de 1,151 informes individuales, que junto con los 207 presentados en la primera y 692 en la segunda, suman 2,050 informes de auditoría programados para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
El Auditor Superior señaló que el mayor porcentaje de auditorías fueron realizadas a los estados y municipios, ya que los recursos de origen federal a estos, equivalen a una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción, el desfalco en Segalmex (antes Conasupo) superó los 15 mil 300 millones de pesos, monto que equivale a dos veces más llamada Estafa Maestras, reveló el informe de la ASF.
En la revisión de la cuenta pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió un nuevo desfalco por 2 mil 346 millones de pesos en Segalmex y su filial Diconsa.
El monto se suma a los 12 mil 962 millones de pesos que la ASF ya había observado en las Cuentas Públicas 2019 y 2020 y que la dependencia federal sigue sin solventar.
De acuerdo con la ASF, el los desvíos acumulados en la Segalmex y sus filiales Liconsa y Diconsa, alcanza los 15 mil 308 millones de pesos entre 2019 y 2021.
La ASF informó que ha presentado 11 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por las irregularidades encontradas en Segalmex, bajo la dirección de Ignacio Ovalle, sin que hasta el momento exista alguna investigación.
Si quiere consultar el informe completo:
Fraudes en Segalmex, por casi 10 mil millones de pesos.
El pasado 30 de julio de 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Orador fue cuestionado sobre el fraude en Selgamex que podría alcanzar los 10 mil millones de pesos, el mandatario señaló que hay denuncias desde hace más de un año y ya se investigan los señalamientos.
’Ya hay procesos abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) y le voy a pedir al secretario de la Función Pública (Roberto Salcedo Aquino) que venga y explique sobre este fraude y la forma en la que se está actuando’.
El jefe del Ejecutivo agregó: ’se está investigando a fondo y se va a castigar a responsables’.
Señaló que hasta ahora se ha descubierto que un administrador puso dinero de Diconsa -destinado a la compra de leche, frijol, arroz, maíz y trigo para conducirlos a la población más vulnerable- en una financiera que ofrecía supuestamente más intereses.
’Que el dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, eso no se puede hacer ni con el pretexto de que van a obtener más rendimientos’.
El jefe del Ejecutivo dijo que también se ha investigado a esa financiera, ’y resulta que viene de tiempo atrás haciendo lo mismo, protegida, sin sustento económico, o sea como lo de las cajas de ahorro’.
López Obrador destacó que se ha logrado recuperar el dinero.
De acuerdo con información de ASF en los dos primeros años de operación de Segalmex, una institución creada en enero de 2019, la ASF detectó irregularidades financiero-administrativas que sumaron 12 mil 806 millones 651 mil pesos, equivalentes a 16.9 por ciento del total de los recursos ejercidos en 2019 y 2020, que ascendieron a más de 75.6 mil millones de pesos.
Datos en poder de la FGR abarcan también pagos realizados por Segalmex, Diconsa y Liconsa ’por adelantado’ por decenas de millones de pesos a transportistas, supuestos productores o centros de almacenamiento que no pudieron acreditar la prestación de los servicios ni la entrega de productos o bienes en las tres instituciones.
Hubo casos en que los registros se escribieron a mano en documentos que no correspondían a esquemas de contabilidad ni a los programas digitales respectivos.
¿Quién dirigía la Segalmex?
Ignacio Ovalle Fernández es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México; su primer cargo público fue entre 1966 y 1968 como jefe de la oficina de Vendedores Ambulantes de la Secretaría de Gobernación; siendo titular de esta dependencia Luis Echeverría Álvarez, quien lo nombró posteriormente su secretario particular.
Pasó con ese mismo cargo a la campaña electoral de Echeverría al ser postulado candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Presidente de México en 1969 y al asumir la presidencia de la república el 1 de diciembre de 1970.
Posteriormente, ascendió a subsecretario de la Secretaría de la Presidencia y titular de esta misma área a partir del 3 de octubre de 1975 al ser nombrado líder del PRI, en el entonces Distrito Federal, su antecesor Hugo Cervantes del Río.
Permaneció en el cargo hasta el fin del gobierno de Echeverría en 1976.
A partir de 1976 el nuevo presidente José López Portillo lo nombró director general del Instituto Nacional Indigenista, cargo al que sumó a partir del 21 de enero de 1977 el cargo de coordinador general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR).
En 1982 al iniciar el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid fue nombrado embajador de México en Argentina entre 1983 y 1987 y a partir de ese año y hasta 1988, embajador de México en Cuba.
En 1988 el presidente Carlos Salinas de Gortari lo nombró director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), iniciando un proceso para liquidarla, poniendo a la venta sus activos y cerrando sus tiendas al público, además de terminar con la adquisición de granos a precios de garantía a los campesinos.
Una de sus últimas iniciativas como director de CONASUPO fue el otorgamiento de un subsidio consistente en un kilo de tortilla diario a familias consideradas en situación vulnerable.
Este beneficio, denominado tortivale, fue severamente criticado y considerado como populista y destinado a la compra del voto por la oposición de entonces.
En consecuencia fue removido del cargo el 16 de noviembre de 1990 y nombrado secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, que presidía Luis Donaldo Colosio y posteriormente ocupó la secretaría técnica del consejo político nacional de su partido (el PRI).
Fue elegido diputado federal por la vía plurinominal a la LVI Legislatura de 1994 a 1997, también por el PRI.
El 16 de agosto de 2018 el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que nombraría al iniciar su gobierno titular del nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), constituido por la fusión de los existentess organismos DICONSA y LICONSA —sucesores de la desaparecida CONASUPO.
Permaneció en dicho cargo hasta el 19 de abril de 2022 en que fue sustituido por Leonel Cota Montaño y nombrado a su vez coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, cargo que desempeña actualmente.
Por caso de corrupción en Segalmex, 38 denuncias presentadas:SFP
El 18 de agosto de 2022, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los presuntos actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se investigan bajo la política de cero impunidad.
’No hay impunidad para nadie ni para mis hijos ni para mi familia ni para nadie”.
Amlo
El que cometa un delito y, sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí’, expresó.
Al encabezar la conferencia de prensa matutina de ese día, el mandatario señaló que, a diferencia de sexenios anteriores, el distintivo del Gobierno de México es rendir cuentas al pueblo y erradicar la corrupción.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que hay 38 denuncias sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de Liconsa, Diconsa y Segalmex; fueron presentadas por instancias gubernamentales y se encuentran en la Fiscalía General de la República.
’Las denuncias penales presentadas están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada’, apuntó.
Hasta aquella fecha, hace seis meses, un solo servidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 millones de pesos, mediante intermediarios financieros, en instrumentos de alto riesgo. Este procedimiento se realizó sin respetar la normativa vigente y sin consultar al jefe del Ejecutivo.
El capital fue recuperado en su totalidad y los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.
