Por Yarely Melo Rodríguez
Poder con Propósito | Ética Radical®
Hay gobiernos que anuncian su transformación digital porque abrieron una aplicación, instalaron un código QR o habilitaron un número de WhatsApp.
Parece modernidad.
A veces sólo es burocracia con pantalla.
La verdadera transformación comienza en otro lugar: cuando la tecnología modifica la manera en que se ejerce, se documenta y se controla el poder.
Porque un gobierno puede tener redes sociales impecables, transmisiones en vivo y plataformas digitales, y seguir funcionando con expedientes incompletos, decisiones imposibles de reconstruir, trámites que dependen de una llamada y ciudadanos obligados a buscar a “alguien que conozca a alguien” para conseguir aquello que debería resolver una institución.
Eso no es solamente atraso administrativo.
Es una forma de ejercer el poder.
Durante décadas hemos aceptado como normales frases que deberían escandalizarnos: “no aparece el expediente”, “regrese la próxima semana”, “todavía no firma el presidente”, “eso lo lleva otra área”, “no sabemos quién lo autorizó”.
Cada una parece describir una falla burocrática.
Juntas describen algo mucho más serio: un gobierno en el que resulta difícil reconstruir la responsabilidad.
Y donde nadie puede reconstruir con claridad quién recibió, quién autorizó, quién modificó, quién pagó y quién dejó de responder, la discrecionalidad encuentra un territorio extraordinariamente cómodo.
El desorden también gobierna.
Nos hemos acostumbrado a pensar que la desorganización municipal es producto exclusivo de la incapacidad.
No siempre.
El desorden también produce poder.
Un trámite que no puede rastrearse obliga al ciudadano a preguntar.
Un expediente que sólo conoce determinada persona vuelve indispensable al funcionario.
Una decisión sin registro permite modificar después la versión de los hechos.
Una obra sin información accesible dificulta comparar lo contratado con lo ejecutado.
Un procedimiento sin plazos verificables convierte un derecho en una espera.
Y cuando el ciudadano necesita intermediarios para conseguir lo que legalmente le corresponde, la administración pública deja de funcionar como institución y comienza a operar como una red de favores.
Ahí está el verdadero problema.
La tecnología incomoda porque puede romper esa dependencia.
Un sistema bien diseñado no pregunta quién conoce al presidente municipal. Registra cuándo ingresó una solicitud, qué área la recibió, cuánto tiempo tiene para resolverla, quién es responsable y cuál fue la respuesta.
No necesita simpatías.
Necesita reglas.
Digitalizar no es transparentar
También existe una ingenuidad peligrosa: creer que toda digitalización produce automáticamente mejores gobiernos.
No es así.
Byung-Chul Han ha advertido sobre una época fascinada por la transparencia y la acumulación de información. Y su advertencia resulta especialmente pertinente para el gobierno: tener más datos no significa necesariamente tener más control democrático.
Un municipio puede publicar miles de documentos y seguir siendo profundamente opaco.
Puede llenar un portal de archivos incomprensibles.
Puede transmitir todas las sesiones de Cabildo y mantener ocultos los documentos con los que se tomaron las decisiones.
Puede digitalizar un trámite sin permitir conocer por qué fue rechazado.
Puede presumir transparencia mientras la información verdaderamente importante permanece fragmentada, desactualizada o enterrada entre cientos de archivos.
La opacidad del siglo XXI ya no necesita esconder la información.
También puede ahogarla.
Por eso la transformación digital del gobierno no debe medirse por el número de plataformas que inaugura, sino por la cantidad de discrecionalidad que elimina.
Lo que verdaderamente cambia el poder
Imaginemos algo mucho menos espectacular que una nueva aplicación.
Un ciudadano presenta una solicitud.
Existe un folio.
El sistema registra la fecha.
Identifica el área responsable.
Establece un plazo.
Conserva los documentos.
Registra cada modificación.
Permite conocer el estado del trámite.
Y deja constancia de la resolución.
No hay fotografía para inaugurar eso.
Pero ahí ocurrió una pequeña revolución institucional.
Porque desde ese momento resulta más difícil decir que el documento nunca llegó.
Más difícil alterar una fecha.
Más difícil esconder una omisión.
Más difícil borrar responsabilidades.
Más difícil convertir la atención pública en favor político.
La tecnología adquiere entonces su verdadero valor democrático: produce memoria institucional.
Y la memoria es incómoda para el poder que apuesta al olvido.
El municipio que recuerda
Esta discusión es especialmente importante en los gobiernos municipales porque ahí el poder tiene rostro.
Ahí conocemos al presidente.
Al regidor.
Al director.
Al contratista.
Al funcionario que recibió el documento.
Esa cercanía puede fortalecer la democracia, pero también puede deformar la administración cuando las instituciones funcionan a partir de relaciones personales.
El buen gobierno municipal no debería depender de encontrar a la persona correcta.
Debería depender de que exista el procedimiento correcto.
Por eso digitalizar expedientes, contratos, pagos, permisos, obras, sesiones, acuerdos y trámites no es un asunto meramente tecnológico.
Es construir límites.
Es impedir que la memoria del gobierno pertenezca a quienes temporalmente ocupan sus oficinas.
Es conseguir que una administración pueda ser auditada incluso cuando quienes tomaron las decisiones ya no estén.
Y, sobre todo, es devolverle al ciudadano algo que nunca debió perder:
la posibilidad de relacionarse con el Estado sin pedir favores.
La huella que incomoda
El poder responsable no tendría por qué temerle a la trazabilidad.
Al contrario.
Un servidor público que actúa correctamente también necesita instituciones capaces de demostrar qué recibió, qué decidió, bajo qué fundamento y en qué momento.
El rastro protege al ciudadano, pero también protege al funcionario que hizo bien su trabajo.
Quien debería sentirse incómodo es otro.
El que necesita expedientes incompletos.
El que gobierna mediante instrucciones que nadie registra.
El que prefiere llamadas a procedimientos.
El que necesita que una decisión importante no tenga autor visible.
El que encuentra utilidad política en que el ciudadano dependa de su intervención.
Ese poder no le teme a una computadora.
Le teme a la evidencia.
La discusión sobre gobiernos digitales, entonces, no debería comenzar preguntando cuántos trámites están en línea.
Debería comenzar con una pregunta mucho más incómoda:
¿Cuánto poder discrecional desaparecería si pudiéramos reconstruir cada decisión pública desde el principio hasta el final?
Ahí está la frontera entre digitalizar la burocracia y transformar verdaderamente al gobierno.
Porque la tecnología no amenaza al buen gobierno.
Amenaza al poder que necesita el desorden para seguir pareciendo indispensable.
Yarely Melo Rodríguez
Poder con Propósito | Ética Radical®
