Por La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por lo que percibe como una tolerancia institucional hacia la divulgación de datos personales de periodistas en México. Instó al Estado a adherirse a los estándares de derechos humanos en su actuación al respecto.
El 22 de febrero, durante su conferencia mañanera, el presidente de la República hizo público el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal del New York Times en México. Posteriormente, el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano compartió un video que incluía la fotografía de la periodista, acusándola de publicar notas “sin pruebas y con ausencia de rigor periodístico”. Ante las críticas, el presidente defendió su acción, argumentando su derecho a defenderse de “calumnias” por encima de cualquier reglamento. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) anunció una investigación de oficio, y YouTube retiró el video de la conferencia, citando “comportamientos perjudiciales” como “doxing”.
La CIDH reconoció que las autoridades estatales tienen derecho y a veces la obligación de pronunciarse sobre asuntos de interés público y defenderse de las críticas de la prensa. Sin embargo, la Relatoría Especial advierte sobre la gravedad de divulgar datos personales de periodistas en declaraciones oficiales, ya que esto puede exacerbar la hostilidad hacia la prensa en un país con altos índices de violencia contra ella. Este tipo de publicación puede interpretarse como una amenaza, estigmatización y abuso de poder.
Asimismo la Comisión enfatizó que quienes participan en el debate público, incluidos los funcionarios, tienen un impacto amplificador en la difusión de mensajes estigmatizantes. La RELE exhorta al Estado a abordar las causas y consecuencias de estas acciones, recordando que las autoridades deben evitar discursos intolerantes o invasivos.
Para la RELE, la divulgación gubernamental de información sobre procesos periodísticos en curso y datos personales antes de que el medio los determine de manera autónoma, afecta las condiciones para el ejercicio del periodismo. Además, desalienta el contraste de fuentes y fomenta la autocensura. La publicación de propaganda contra mujeres periodistas a través de medios públicos, según la Relatoría Especial, no contribuye a un debate público de calidad y profundiza la polarización.
