Por Álvaro Bardales respondió ante legisladores por recursos públicos e inversiones destinadas a edificios gubernamentales.
El secretario de Contraloría del gobierno de Hidalgo enfrentó cuestionamientos sobre la falta de resultados concluyentes en investigaciones contra exfuncionarios estatales, el destino de recursos públicos y los avances en la recuperación de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos relacionados con el caso conocido como la Estafa Siniestra.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la ciudadanía solicitó explicaciones sobre las acciones emprendidas contra el exgobernador Omar Fayad Meneses, la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas y el excontralor César “N”, en relación con el caso Accendo y otras investigaciones por presuntos actos de corrupción.
El funcionario explicó que el caso Accendo continúa sujeto a un procedimiento de concurso mercantil ante instancias federales, por lo que las acciones definitivas dependerán de la resolución correspondiente.
Precisó que las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades de la administración anterior permanecen abiertas y que todavía existen personas pendientes de localizar y notificar.
Cuestionan inversiones en edificios gubernamentales.
Durante la comparecencia también se solicitó explicar por qué el gobierno estatal destinó recursos a la construcción y rehabilitación de inmuebles como “Las Torres”, mientras comunidades de la Huasteca y la Sierra enfrentan afectaciones derivadas de contingencias.
El secretario defendió estas inversiones con el argumento de que permiten concentrar dependencias que anteriormente operaban en instalaciones dispersas, mejorar las condiciones laborales y reducir costos de funcionamiento.
Indicó que algunos edificios ya se encuentran en operación y que continúan otros proyectos de infraestructura administrativa, entre ellos el Archivo General.
Reconoce necesidad de mejorar indicadores de corrupción.
En materia de percepción ciudadana, el funcionario reconoció que los indicadores de corrupción requieren atención y explicó que las mediciones consideran tanto la opinión de la población como sus experiencias al realizar trámites y solicitar servicios públicos.
Informó que durante 2025 el 79.4 por ciento de los usuarios manifestó satisfacción con los servicios públicos evaluados, mientras que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción se ubicó 3.7 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.
También señaló que la Secretaría de Contraloría cuenta con buzones físicos y digitales, líneas telefónicas, redes sociales y módulos itinerantes para recibir denuncias ciudadanas.
