Por Álvaro Bardales advirtió que los Órganos Internos de Control deberán investigar posibles irregularidades sin esperar al inicio de las campañas.
La Secretaría de Contraloría de Hidalgo reforzará la vigilancia sobre el uso de recursos públicos por parte de funcionarios que manifiesten aspiraciones electorales o busquen la reelección, informó su titular, Álvaro Bardales, quien advirtió que ninguna candidatura justifica utilizar presupuesto, vehículos, personal o medios gubernamentales con fines partidistas.
En entrevista, el funcionario explicó que la dependencia emitió una circular dirigida a los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo estatal, mediante la cual establece medidas de prevención, documentación e investigación de posibles irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos.
La disposición también solicita la colaboración de las contralorías municipales y otros entes públicos, respetando sus respectivas atribuciones y autonomía.
Bardales señaló que la vigilancia deberá intensificarse cuando un servidor público haga pública su intención de buscar la reelección o participe en procedimientos internos de selección de candidaturas.
Precisó que manifestar aspiraciones políticas no constituye una falta administrativa, pero tampoco permite aprovechar las funciones, el personal o los recursos institucionales para obtener ventajas electorales.
Entre las conductas sujetas a vigilancia se encuentran la utilización de vehículos oficiales, combustible, oficinas, contratos y trabajadores gubernamentales para actividades proselitistas, así como el condicionamiento de obras, apoyos sociales, empleos o servicios públicos al respaldo de una candidatura o partido político.
La circular también contempla la utilización indebida de padrones de beneficiarios y datos personales, además del financiamiento, producción o difusión de publicidad, videos y campañas de desprestigio mediante recursos públicos, terceros o plataformas digitales.
El secretario indicó que las conferencias de prensa, inauguraciones, recorridos, informes de actividades y publicaciones en cuentas oficiales deberán responder a finalidades institucionales y no utilizarse como instrumentos de promoción electoral.
Asimismo, estableció que los Órganos Internos de Control deberán atender posibles irregularidades incluso cuando no exista una denuncia formal, mediante la revisión de información difundida en medios de comunicación y redes sociales que aporte indicios de faltas administrativas.
Los responsables de estas áreas tendrán que preservar evidencias, documentar las actuaciones, dar seguimiento a los casos y remitir los asuntos a las autoridades competentes cuando corresponda.
Bardales advirtió que los propios funcionarios encargados de la vigilancia podrían incurrir en responsabilidades administrativas si, teniendo conocimiento de posibles irregularidades y facultades para intervenir, omiten injustificadamente prevenir, investigar, denunciar o dar seguimiento a los hechos.
La determinación de esas responsabilidades deberá realizarse individualmente mediante los procedimientos legales correspondientes.
La Secretaría de Contraloría también impartirá orientación y capacitación sobre blindaje electoral en materia de Contraloría Social, con el propósito de mantener la operación de obras, programas y servicios públicos sin condicionamientos partidistas.
“El mensaje es claro: el dinero del pueblo debe atender las necesidades de la gente. Ninguna aspiración electoral está por encima de esa obligación”, finalizó Álvaro Bardales.
