Por Álvaro Bardales señaló que el aumento en indicadores de corrupción también refleja una mayor visibilización y combate a prácticas indebidas.
La Secretaría de Contraloría del gobierno de Hidalgo fijó postura respecto a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, en la que la entidad registró una prevalencia de corrupción de 21 mil 452 personas por cada 100 mil habitantes.
El titular de la dependencia, Álvaro Bardales, señaló que este indicador también puede interpretarse como una mayor identificación y denuncia ciudadana de conductas irregulares que anteriormente permanecían normalizadas o invisibilizadas.
El funcionario explicó que existe una diferencia entre la “corrupción detectada y combatida” y la “corrupción tolerada o invisibilizada”, al considerar que cuando una administración fortalece mecanismos de denuncia, sanciona irregularidades y coloca el tema en la agenda pública, aumenta la percepción e identificación de actos indebidos.
Bardales sostuvo que la actual administración estatal mantiene una estrategia de combate a la corrupción que incluye la presentación de más de 90 denuncias penales, recuperación de recursos públicos, inhabilitaciones administrativas, auditorías a municipios, vigilancia ciudadana en obra pública y modernización tecnológica para fiscalización en tiempo real.
Añadió que derivado de estas acciones, servidores públicos y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso, como parte de la aplicación de sanciones legales relacionadas con presuntos actos de corrupción.
El secretario indicó que gran parte de los indicadores de percepción y prevalencia de corrupción están asociados a experiencias cotidianas en trámites, servicios municipales, tránsito y atención en ventanillas, por lo que consideró necesario fortalecer la cultura de la legalidad y la ética pública en todos los niveles de gobierno.
Asimismo, informó que la administración estatal continuará impulsando el denominado Modelo Hidalgo Honesto, enfocado en control preventivo y correctivo, participación ciudadana, laboratorios de control de calidad, digitalización gubernamental, transparencia y sanciones administrativas.
“El combate a la corrupción no se limita a castigar prácticas del pasado; también busca reducir la corrupción cotidiana que afecta directamente a las y los ciudadanos en su vida diaria”, señaló Bardales.
La Contraloría estatal afirmó que el combate a la corrupción requiere visibilizar, denunciar y sancionar las irregularidades, con el objetivo de fortalecer instituciones transparentes y mecanismos de rendición de cuentas.
