La modificación mantiene controles para operaciones que comprometan patrimonio municipal o deudas de largo plazo.
El Congreso de Hidalgo aprobó parcialmente el dictamen que reforma la Constitución Política del estado en materia de modernización de la gestión administrativa municipal.
El dictamen fue emitido por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales y plantea modificar el marco constitucional para agilizar la operación administrativa de los 84 municipios de la entidad.
Durante la discusión, el diputado de Morena Miguel Ángel Moreno Zamora explicó que uno de los principales cambios consiste en eliminar la disposición que obliga a los ayuntamientos a facultar al presidente municipal para celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales relacionados con asuntos de interés público.
El legislador señaló que esta disposición, contenida en la fracción XV del artículo 141 de la Constitución local, data de 1920 y ha permanecido vigente durante más de 105 años, por lo que consideró que ya no corresponde con las necesidades actuales de las administraciones municipales.
Con la reforma, se elimina la autorización general del cabildo para la celebración de determinados contratos, con el propósito de reducir trámites y facilitar la contratación de bienes y servicios necesarios para la operación de los gobiernos municipales.
Moreno Zamora explicó que actualmente el requisito de autorización se aplica sin distinguir el objeto o monto del contrato, lo que puede generar retrasos en la gestión administrativa y en la prestación de servicios a la población.
La modificación, sin embargo, mantiene los controles para decisiones que puedan comprometer el patrimonio o las finanzas municipales. La enajenación de inmuebles seguirá requiriendo la aprobación de las dos terceras partes del ayuntamiento.
También permanecerá la exigencia de mayoría calificada para compromisos de deuda pública que excedan el periodo de la administración municipal correspondiente.
De acuerdo con el diputado, la reforma busca dar mayor claridad al marco jurídico municipal y se encuentra alineada con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo para impulsar administraciones locales más eficaces, responsables


