– El Presidente del PRI Hidalgo señaló que la iniciativa electoral del Ejecutivo busca debilitar al IEEH.
– PRI estatal anuncia impugnación en contra de reforma electoral.
Ante la reforma electoral que se analiza en el Congreso a propuesta del Ejecutivo estatal, en la que se pretende desaparecer a los órganos electorales de los 84 municipios de Hidalgo, el presidente del PRI estatal señaló que se trata de un retroceso democrático que busca debilitar al IEEH.
Al igual que el Partido Acción Nacional estatal hace tres días, el dirigente priista consideró que dicha reforma pretende, entre otras cosas, desaparecer los órganos electorales municipales, a unas semanas de que inicie el proceso electoral para 2024 en el que se renuevan Presidencias Municipales, Diputaciones Locales, Diputaciones Federales, Senadurías y Presidencia de la República.
La fortaleza de los órganos electorales está en la participación ciudadana en los procesos y en su nivel de organización, en la que los órganos municipales son una pieza clave. Con esta reforma se pone en riesgo la cadena de custodia de los paquetes electorales y consecuentemente la certeza sobre el resultado.
No existe ese supuesto ahorro que pretenden hacer creer a la población, ya que ese recurso se tendría que utilizar para fortalecer a los Consejos Distritales y no alcanzaría para que puedan suplir las tareas que le corresponden a los órganos municipales.
Cómo pretenden que los órganos distritales realicen de la noche a la mañana, al mismo tiempo, los cómputos municipales que la ley señala, si el próximo año se llevarán a cabo elecciones municipales y la renovación del Congreso, es materialmente imposible.
Finalmente, Mendoza Bustamante anticipó que, de aprobarse esta reforma en el Congreso Local, el Partido Revolucionario Institucional presentará las acciones legales correspondientes para demostrar que esta reforma atenta contra la democracia y la Constitución, tal como ocurrió con la reforma electoral que Morena presentó en lo federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional.