Por Invariablemente siempre que el gobierno o el movimiento de Morena enfrenta una crisis, aparece mágicamente el ex presidente Andrés Manuel López Obrador cargado de más mentiras.
Hay coincidencias que, en política, despiertan sospechas, pero también hay silencios que terminan convirtiéndose en un problema político por sí mismos. La localización de Jorge Amílcar Olán Aparicio en Lugano, Suiza, empresario señalado por sus presuntos vínculos con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vuelve a colocar bajo los reflectores la serie de negocios y corruptelas cometidas bajo el amparo del poder.
Si todo se hizo conforme a la ley, si los contratos fueron legítimos y si no existe nada que ocultar, ¿por qué un empresario situado en el centro de semejante escándalo termina viviendo en Suiza, lejos del escenario político mexicano donde se originaron los señalamientos?
Las y los mexicanos merecen saber cómo un empresario que, según investigaciones periodísticas, obtuvo contratos millonarios durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación llegó a construir una posición económica tan relevante. También merecen conocer si existieron conflictos de interés, tráfico de influencias o mecanismos para beneficiar a personas cercanas al poder presidencial.
La cuestión no es solamente cuánto dinero ganó Amílcar Olán. La pregunta de fondo es si los recursos públicos se administraron con criterios de competencia, transparencia y legalidad, o si la cercanía con determinadas familias políticas pudo convertirse en una ventaja empresarial.
Durante años, López Obrador construyó buena parte de su identidad política sobre una promesa: terminar con los privilegios, combatir la corrupción y separar el poder político de los intereses económicos particulares. Su discurso fue contundente contra los gobiernos anteriores. La corrupción, decía, era una de las principales causas de la desigualdad y del deterioro institucional de México.
Por eso el caso Amílcar Olán resulta especialmente incómodo para el expresidente. No se trata de un empresario cualquiera dentro de una discusión abstracta sobre contrataciones públicas. Su nombre ha aparecido reiteradamente en reportajes sobre negocios y contratos durante el sexenio pasado, así como en informaciones sobre su cercanía con Andy López Beltrán, y todo lo que se ha dicho, no lo han podido dermentir.
El problema para Morena es que su discurso anticorrupción se vuelve vulnerable cuando las sospechas alcanzan a los círculos cercanos al poder. La exigencia de transparencia no puede aplicarse únicamente a los adversarios políticos. Si la ley es igual para todos, también debe serlo para los amigos, los familiares y los empresarios cercanos al ex presidente de la República, incluso después de que este haya dejado el cargo.
Pero hay otro elemento que merece atención: la reaparición de López Obrador mediante un mensaje para presentar su libro y defender el legado de su gobierno. Y lo que es cuestionable es el contraste entre la amplitud de sus intervenciones para defender su legado y la ausencia de explicaciones específicas sobre asuntos que afectan la credibilidad de ese mismo legado.
En su reaparición, López Obrador defendió su gestión y su legado, pero no ofreció explicaciones específicas sobre los señalamientos que hoy rodean a Amílcar Olán. Tampoco abordó de manera puntual, en ese mensaje, las controversias relacionadas con Rubén Rocha Moya, el huachicol fiscal o la situación de la visa estadounidense de su hijo Andy, asuntos que forman parte de la discusión pública.
No significa que esté obligado a responder cada pregunta en cada intervención. Significa que, cuando un movimiento político hizo de la honestidad una de sus principales banderas, sus principales figuras no pueden pretender que las preguntas difíciles desaparezcan por falta de mención. En pocas palabras le entra a lo que le conviene, pero guarda silencio a lo que le carcome las entrañas.
Los casos que hoy rodean al entorno político de Morena no son idénticos y deben investigarse por separado. Sin embargo, juntos alimentan una discusión inevitable sobre la rendición de cuentas. Por un lado, están los cuestionamientos que han alcanzado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; por otro, las investigaciones y revelaciones periodísticas relacionadas con el llamado huachicolfiscal, una modalidad de contrabando y evasión de impuestos vinculada con la comercialización de combustibles. Y la cereza del pastel es la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán.
La verdadera prueba de la Cuarta Transformación no consiste en repetir que la corrupción terminó, sino en demostrar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los amigos de los hijos del presidente. Y basta recordar una joya expresada por su mesías:
“Negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción llevan el visto bueno del presidente de la República. El presidente de México tiene toda la información que se necesita”.
Parece, pues, que se han convertido en lo que algún día juraron destruir. Y sin duda han sido 15 años muy felices, para los hijos del presidente y su clan.
