Por Denuncian ante la PROESPA a 4 municipios por permitir corridas de toros sin contar con reglamentos taurinos.
Organizaciones defensoras de los animales anunciaron que buscarán impedir, mediante recursos legales, la consulta popular prevista para 2027 sobre la prohibición de las corridas de toros en Hidalgo, al considerar que la protección animal es una obligación constitucional que no debe someterse a votación ciudadana.
Representantes de PETA Latino, Animal Héroes y la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, A.C., informaron que han promovido amparos para evitar la realización de este ejercicio, cuyo costo estimado supera los 66 millones de pesos, recursos que, señalaron, podrían destinarse a otras necesidades prioritarias del estado.
Los activistas sostuvieron que la consulta podría resultar jurídicamente improcedente porque, desde su interpretación, la protección de los animales está reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no debería quedar sujeta a la decisión de una mayoría de votantes.
Denuncia contra municipios.
En conferencia de prensa, las organizaciones también dieron a conocer la presentación de denuncias ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) contra los municipios de Tlahuelilpan, Huichapan, Tlaxcoapan y San Salvador, por permitir la celebración de corridas de toros durante 2026 sin contar, presuntamente, con reglamentos taurinos municipales.
La representante de la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, Paola Monterrubio, explicó que las denuncias corresponden a cuatro corridas realizadas durante este año, algunas de ellas en las comunidades de Doxey, municipio de Tlaxcoapan, y Caxuxi, en San Salvador.
De acuerdo con la activista, los cuatro ayuntamientos carecen de disposiciones reglamentarias específicas para autorizar y supervisar estos espectáculos, por lo que solicitaron a la PROESPA investigar las condiciones en que fueron otorgados los permisos correspondientes.
Los denunciantes argumentaron que las corridas contravienen disposiciones del artículo cuarto de la Constitución federal, la Constitución de Hidalgo, la legislación estatal de protección animal y la Norma Oficial Mexicana NOM-033, relacionada con los métodos para dar muerte a los animales.
Precisaron que corresponde a la autoridad ambiental determinar si los gobiernos municipales incurrieron en irregularidades administrativas o incumplimientos de la legislación aplicable.
Las organizaciones aclararon que su propuesta no necesariamente implica la desaparición de los espectáculos taurinos, sino su transformación en actividades culturales que excluyan las prácticas de lesión y muerte de los animales, como ocurre en algunos países.
Respecto de la consulta popular de 2027, reiteraron que mantendrán las acciones jurídicas para impedir su realización, al sostener que los derechos y las obligaciones constitucionales en materia de bienestar animal no deben condicionarse al resultado de una votación.
