A un año de su detención, César Román “MV”, continúa en la impunidad. 

A un año de su detención, César Román “MV”, continúa en la impunidad. 

Este 29 de mayo se cumplió un año de la detención en Estados Unidos de César Román Mora Velázquez, exsecretario de Contraloría del gobierno de Omar Fayad Meneses, quien continúa amparado por una defensa legal de alto nivel económico sin comparecer ante autoridades judiciales mexicanas por los delitos que le atribuye la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dentro de las investigaciones de la denominada Estafa Siniestra.

La captura del exfuncionario fue confirmada el 31 de mayo de 2025 por el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que reportó que Mora Velázquez se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.

Sin embargo, cinco meses después de su detención, el excontralor obtuvo su libertad en territorio estadounidense tras promover un recurso de habeas corpus ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

El 30 de octubre de 2025, el diario Criterio Hidalgo reportó que César Román “MV” logró su liberación luego de interponer dicho recurso bajo el expediente 1:25-cv-24650, conforme a los registros oficiales del sistema judicial federal consultados a través de PacerMonitor.

Posteriormente, Central MX verificó que dentro del expediente Mora-Velázquez v. Director, DHS ICE Miami Field Office et al, la jueza federal Beth Bloom confirmó el 24 de octubre de 2025 que el exfuncionario había sido liberado de custodia un día antes, el 23 de octubre de 2025, motivo por el cual determinó desechar las medidas cautelares solicitadas por su defensa.

La resolución también otorgó una prórroga al gobierno de Estados Unidos, representado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para responder al recurso hasta el 22 de enero de 2026.

Los documentos judiciales señalan que Mora Velázquez promovió la petición de habeas corpus el 8 de octubre de 2025, argumentando que su permanencia como extranjero bajo custodia del ICE vulneraba sus derechos fundamentales debido al tiempo transcurrido sin una resolución definitiva sobre su situación migratoria y por las condiciones de internamiento en el Centro de Detención Krome Norte, en Miami, Florida.

La estrategia jurídica desplegada por el exfuncionario hidalguense ha involucrado la contratación de abogados especializados en litigios federales, migratorios y financieros en Estados Unidos.

De acuerdo con documentación revisada por Central MX, la defensa de César Román MV está a cargo de los abogados Andrew William Clopman, del despacho Andrew W. Clopman, P.A., y Michael Domenic Padula, de Padula Law PLLC, ambos con licencia activa para ejercer en el estado de Florida.

Los registros judiciales muestran que ambos litigantes presentaron los escritos iniciales y mantuvieron las comunicaciones procesales con la Corte Federal en representación del excontralor hidalguense.

En el caso de Michael Padula, la información publicada por su propio despacho lo describe como un abogado litigante con amplia experiencia en la defensa de empresas y particulares involucrados en investigaciones gubernamentales, delitos económicos y litigios civiles complejos.

Su práctica profesional se enfoca en asuntos relacionados con la Ley de Secreto Bancario, fraude contable, lavado de dinero, cumplimiento de sanciones económicas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Antes de incorporarse a la práctica privada, Padula se desempeñó como Trial Attorney de la Fraud Section del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y como Special Assistant U.S. Attorney en el Distrito Sur de Florida. Durante ese periodo participó en investigaciones de alto perfil, entre ellas casos de fraude al sistema Medicare y el expediente Cay Clubs Resorts & Marinas, considerado uno de los mayores esquemas Ponzi investigados en Florida, con un monto aproximado de 300 millones de dólares.

Por su parte, Andrew Clopman ha desarrollado una amplia trayectoria en la promoción de recursos de habeas corpus para personas extranjeras detenidas en instalaciones migratorias federales, incluyendo el Centro de Procesamiento Krome Norte, donde permaneció recluido César Román Mora Velázquez antes de obtener su liberación.

Su experiencia ante la Corte del Distrito Sur de Florida lo ubica entre los abogados especializados en litigios migratorios federales con mayor actividad en ese tipo de procedimientos.

Las investigaciones realizadas por Central MX y la revista Plétora Lex señalan que la defensa jurídica desplegada por el exfuncionario hidalguense se encuentra dentro de uno de los segmentos más costosos del mercado legal estadounidense.

Aunque los honorarios específicos contratados por Mora Velázquez no son públicos debido a la confidencialidad de los contratos privados en Estados Unidos, referencias especializadas del sector permiten dimensionar el costo potencial de una representación de este nivel.

De acuerdo con el Clio Legal Trends Report, una de las mediciones más reconocidas de la industria jurídica estadounidense, los abogados especializados en litigios migratorios y procedimientos federales en el sur de Florida suelen cobrar entre 200 y 400 dólares por hora.

En asuntos migratorios complejos, particularmente aquellos relacionados con apelaciones y recursos ante cortes federales, las tarifas pueden alcanzar los 500 dólares por hora.

Los costos son aún mayores en los litigios relacionados con delitos financieros y casos de cuello blanco, área en la que se especializa Michael Padula. El promedio estatal para este tipo de servicios en Florida es de 351 dólares por hora, mientras que en Miami algunos tribunales han considerado razonables honorarios de hasta 850 dólares por hora en procesos vinculados con delitos económicos complejos.

Estos rangos colocan a los defensores del excontralor hidalguense dentro del espectro de abogados de élite en materia penal, financiera y migratoria federal, especialmente en procedimientos con repercusiones internacionales o posibles implicaciones de extradición.

A pesar de haber sido detenido por autoridades migratorias estadounidenses y de haber recuperado posteriormente su libertad mediante una estrategia legal de alto nivel, César Román MV continúa sin enfrentar a la justicia mexicana por los delitos que le atribuyen las autoridades de Hidalgo.

Las investigaciones de la llamada Estafa Siniestra permanecen abiertas y el exfuncionario, considerado una de las figuras centrales del caso por haber encabezado la Secretaría de Contraloría durante el sexenio de Omar Fayad Meneses, sigue sin comparecer ante los tribunales mexicanos a un año de su captura en Estados Unidos.

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