Por Sedatu formalizó apenas en agosto el apoyo extraordinario para familias que permanecen en zonas de riesgo.
A un año del inicio del temporal que derivó en las “lluvias extraordinarias” de octubre de 2025, Hidalgo todavía no cuenta con un reporte público integral que permita acreditar cuántas de las familias identificadas para relocalización ya recibieron el apoyo económico correspondiente, abandonaron sus viviendas en zonas de riesgo y se instalaron de manera definitiva en un lugar seguro.
Las precipitaciones comenzaron a intensificarse desde el 7 de octubre de 2025 y durante más de 60 horas provocaron inundaciones, deslaves y movimientos de terreno principalmente en Hidalgo, Puebla y Veracruz.
La emergencia también afectó a Querétaro y San Luis Potosí, por lo que el Gobierno federal concentró la atención inicial en esas cinco entidades.
La magnitud de la contingencia quedó reflejada en los registros oficiales: al 26 de octubre de 2025, la Secretaría de Bienestar había censado 103 mil 245 viviendas en los cinco estados y el Gobierno federal reportaba 70 mil 256 primeros apoyos económicos de 20 mil pesos.
Ese recurso, sin embargo, correspondió a la atención inmediata de la emergencia y no el posterior programa destinado específicamente a la relocalización de familias asentadas en zonas de alto riesgo, como lo confirmó el gobierno federal.
En Hidalgo, el Cuarto Informe estatal reportaó que la denominada vaguada monzónica dejó 675 derrumbes, 158 deslaves, 28 municipios prioritarios y 236 comunidades afectadas.
El Gobierno estatal señala además la ejecución de 375 obras para recuperar caminos, sistemas de agua, puentes, carreteras y conectividad.
La reubicación llegó después.
Fue hasta el 27 de agosto de 2026 cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del proyecto extraordinario “Apoyo único para hogares afectados por las lluvias intensas de octubre de 2025”, dirigido específicamente a Hidalgo, Puebla y Veracruz.
El acuerdo reconoce que todavía existía población asentada en zonas afectadas donde persistían condiciones de alto y muy alto riesgo y estableció un mecanismo de apoyo económico por única ocasión para facilitar la reubicación voluntaria de esas familias.
La publicación de los lineamientos representó un avance administrativo respecto de agosto, cuando CentralMX documentó el rezago de Hidalgo en comparación con Puebla y Veracruz; no obstante, la existencia del programa no equivale por sí sola a una reubicación concluida.
Hasta este 5 de octubre, la información pública localizada permite identificar familias susceptibles de recibir el apoyo y avances administrativos en distintos municipios, pero no un corte estatal de Sedatu que detalle cuántos apoyos han sido efectivamente dispersados en Hidalgo, cuántas familias comenzaron una nueva vivienda y cuántas ya abandonaron definitivamente los sitios declarados de riesgo.
Puebla y Veracruz tienen universos definidos.
La comparación puede hacerse con mayor precisión en Puebla y Veracruz, donde Sedatu publicó desde enero cifras concretas sobre el universo de familias a relocalizar.
En Puebla fueron identificadas 20 mil viviendas con daños mayores o totales, de las cuales 2 mil 267 familias de 53 localidades requerían reubicación. Sedatu informó además sobre reservas territoriales estatales y federales para construir viviendas nuevas a través de la Comisión Nacional de Vivienda.
En Veracruz, el diagnóstico federal determinó más de 33 mil viviendas con daños mayores o totales, entre las cuales 4 mil 60 familias necesitaban trasladarse a zonas seguras debido al riesgo de permanecer en sus asentamientos originales.
Para Hidalgo existe ya un mecanismo de apoyo, pero sigue pendiente un reporte público equivalente que permita seguir cada caso desde la identificación de la vivienda hasta la reubicación consumada.
Cinco estados pueden medirse con los mismos indicadores.
La reconstrucción de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí puede evaluarse con instrumentos oficiales disponibles, siempre que se diferencie entre atención de emergencia, rehabilitación provisional y reconstrucción definitiva.
Uno de ellos es el portal federal “Afectaciones por lluvias e inundaciones”, que conserva información sobre zonas afectadas, carreteras y caminos, restablecimiento eléctrico, escuelas, personas y Censo del Bienestar para las cinco entidades. Ese sistema permite establecer la línea de salida de la emergencia contra la cual puede compararse el avance posterior.
En materia carretera, la SICT cuenta además con un Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, utilizado desde octubre de 2025 para registrar afectaciones y monitorear la recuperación de localidades. En los primeros días posteriores al desastre, las cinco entidades acumularon 288 localidades incomunicadas; para el 17 de octubre de 2025, Querétaro y San Luis Potosí ya no registraban comunidades en esa condición.
El segundo instrumento es el Censo del Bienestar, que permite conocer cuántas viviendas fueron afectadas y cuántas familias recibieron apoyos iniciales. Para analizar la reconstrucción, sin embargo, esas cifras deben cruzarse posteriormente con Sedatu y Conavi para determinar cuántas viviendas fueron reparadas, sustituidas o sujetas a relocalización.
Un tercer indicador es el avance físico de infraestructura. En Hidalgo, por ejemplo, la SICT anunció en abril de 2026 4 mil 980 millones de pesos para reconstrucción, con intervención en 50 puentes, 41 tramos carreteros federales y 198 caminos estatales. Las obras fueron programadas para desarrollarse entre mayo y diciembre de este año.
La propia SICT calculó en 11 mil 900 millones de pesos la inversión para la reconstrucción de afectaciones en los cinco estados, incluida la rehabilitación de 94 puentes.
A casi un año, falta el indicador principal
Así, existen suficientes herramientas oficiales para empezar a medir con rigor la reconstrucción en las cinco entidades: censos de daños, registros de conectividad, inventarios de obras, contratos, presupuesto ejercido, reportes de Sedatu y Conavi y avances de infraestructura.
En el caso específico de Hidalgo, sin embargo, permanece sin publicarse de manera consolidada el dato que permitiría cerrar una de las principales secuelas sociales de la vaguada:
cuántas familias damnificadas ya fueron reubicadas de manera definitiva y cuántas continúan esperando una solución habitacional a un año de las lluvias de octubre de 2025.
