A dos años de la reforma, cambian autoridades y se reduce el presupuesto para transparencia

A dos años de la reforma, cambian autoridades y se reduce el presupuesto para transparencia

La reforma constitucional de simplificación orgánica que ordenó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los 32 organismos garantes estatales fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2024 y por el Senado el 28 de noviembre. 

El decreto se publicó el 20 de diciembre de ese año. La reforma mantuvo el derecho de acceso a la información, pero trasladó su garantía a autoridades vinculadas con los poderes y dependencias públicas.

El 20 de marzo de 2025 se publicaron las nuevas leyes federales de transparencia y protección de datos. Al día siguiente entraron en vigor y comenzó el nuevo esquema: las funciones del INAI se distribuyeron entre autoridades garantes y el órgano federal Transparencia para el Pueblo, adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Los estados debían adecuar sus legislaciones.

En Hidalgo, el Congreso aprobó el 17 de diciembre de 2025, con 24 votos a favor y cuatro en contra, la reforma constitucional para extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales (ITAIH). 

El instituto continuó operando durante el periodo de armonización legal. El decreto constitucional se publicó en marzo de 2026 y fijó un plazo de 180 días para adecuar las leyes estatales.

Las nuevas leyes de Hidalgo entraron en vigor el 6 de octubre de 2026. Crearon “Transparencia para el Pueblo de Hidalgo”, órgano desconcentrado de la Secretaría de Contraloría, para resolver recursos sobre información del Poder Ejecutivo y de los municipios. 

El sitio del ITAIH señala que conserva información con carácter histórico tras la extinción del instituto. 

Sin embargo, el propio aviso dirigido a los sujetos obligados informó que, por 90 días, quedarían suspendidos los trámites, procedimientos y medios de impugnación. Las solicitudes de información y las peticiones de derechos ARCO sí continuarían recibiéndose y atendiéndose mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

En el ámbito federal, el INAI ejerció 994 millones de pesos en 2025. Para 2026, “Transparencia para el Pueblo” recibió 25.05 millones; el Presupuesto de Egresos de 2027 le asignó 27.5 millones. 

Esa última cantidad equivale a cerca de 2.8% del gasto ejercido por el INAI en 2025.

El Ramo 27, Anticorrupción y Buen Gobierno, tendrá 1,799.2 millones de pesos en 2027, un aumento nominal de 3.23% respecto de 2026. 

Esa cifra cubre a toda la Secretaría y no corresponde exclusivamente a “Transparencia para el Pueblo”.

 En Hidalgo, el presupuesto estatal mantuvo para el ITAIH 19 millones 640 mil 868 pesos tanto en 2025 como en 2026.

En agosto de 2025, el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, estimó que el nuevo organismo estatal tendría un presupuesto aproximado de ocho millones de pesos.

En Hidalgo, la agencia Quadratín informó en agosto de 2026 que solicitudes presentadas por su redacción al gobierno estatal y a municipios no fueron respondidas dentro de los plazos legales. 

La periodista Rosa Gabriela Porter documentó quejas de periodistas y ciudadanos por respuestas incompletas, enlaces rotos, información incongruente y recursos de revisión que tardaban semanas. 

El reportaje señaló que, en algunos casos, las respuestas llegaron después de que se presentara la inconformidad.

También se documentaron dificultades en el acceso a datos sobre fosas clandestinas.

 El informe Enterrar la verdad, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y ARTICLE 19, encontró que las respuestas de buena calidad de fiscalías bajaron de 57.6% en 2024 a 39.3% en 2025. 

En ese ejercicio, Hidalgo se declaró incompetente para entregar la información solicitada. El informe registró respuestas incompletas, enlaces inactivos y reservas de información entre las prácticas que dificultaron el acceso.

A nivel nacional, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que la PNT incorporó múltiples autoridades garantes con competencias separadas, lo que obliga a identificar cuál es responsable de cada sujeto obligado. 

En una revisión publicada en noviembre de 2026, la organización señaló que “Transparencia para el Pueblo” desechó 17 de cada 100 recursos de revisión y que varias autoridades no habían publicado sus resoluciones, criterios ni estadísticas de desempeño.

Los reportes describen dos cambios simultáneos: la transferencia de la garantía del derecho a nuevas autoridades vinculadas con los poderes ejecutivos y la fragmentación de competencias entre distintos órganos. 

En Hidalgo, además, durante 90 días se suspendió la vía ordinaria para impugnar respuestas, mientras las solicitudes siguieron en trámite por la PNT.

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