Por Este sábado 14 de noviembre entró en vigor la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida durante su discusión legislativa como la “ley antimemes”, luego de su publicación el viernes 13 de noviembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
La modificación incorpora el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por utilizar indebidamente la identidad gráfica de instituciones públicas con la intención de engañar y cometer un ilícito.
Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, de 117.31 pesos, las sanciones económicas equivalen a cantidades de entre 117 mil 310 y un millón 173 mil 100 pesos.
El artículo establece que será sancionada la persona que utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, logotipos institucionales, dominios electrónicos o documentos oficiales pertenecientes a instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Para configurar el delito, la disposición exige que estas conductas busquen inducir al error o engaño sobre el origen oficial de comunicaciones, documentos, plataformas, servicios o sistemas informáticos, con la intención de cometer un ilícito.
La reforma fue objeto de controversia durante su discusión en el Congreso de la Unión, particularmente por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión, la sátira política y la elaboración de contenidos digitales.
Legisladores de oposición solicitaron incorporar excepciones expresas para proteger las publicaciones periodísticas, educativas, humorísticas y de parodia que utilizaran elementos gráficos gubernamentales. Sin embargo, estas propuestas no fueron incorporadas al texto aprobado.
Por su parte, legisladores de Morena y sus aliados sostuvieron que la disposición no pretende sancionar memes ni críticas contra funcionarios públicos, sino combatir la suplantación de identidad institucional utilizada para cometer fraudes y otros delitos.
Aunque la reforma recibió la denominación de “ley antimemes”, el artículo 403 Bis no menciona expresamente los memes, las caricaturas políticas ni las publicaciones satíricas como conductas sancionables.
La nueva disposición exige elementos específicos, entre ellos el uso a escala comercial de identidad institucional y la intención de engañar para cometer un ilícito.
Otras sanciones por falsificación y piratería
El decreto también modifica las disposiciones relacionadas con la falsificación de marcas, comercialización de productos apócrifos y reproducción o distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor.
Entre las modificaciones se establecen penas de hasta diez años de prisión para determinadas conductas de piratería a escala comercial, así como multas y mecanismos de reparación del daño.
En el caso de la falsificación de marcas, el artículo 402 también contempla responsabilidades para quienes, con conocimiento de la actividad ilícita, proporcionen materias primas, insumos o recursos económicos destinados a producir artículos falsificados.
Asimismo, el artículo 406 establece que la reparación del daño no podrá ser inferior al 40 por ciento del precio de venta al público del producto o servicio legítimo correspondiente.
La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 21 de octubre, con 312 votos a favor y 119 en contra en lo general, después de una discusión en la que se presentaron diversas reservas relacionadas con las sanciones y sus posibles alcances.
Con su publicación en el DOF, las nuevas disposiciones forman parte del marco jurídico federal aplicable a los delitos relacionados con propiedad industrial, derechos de autor y utilización ilícita de identidad institucional.
