Por La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS) del Gobierno de Hidalgo rechazó una solicitud de indemnización por 18 mil pesos presentada por un automovilista, cuyo vehículo sufrió daños materiales debido a baches en la carretera Pachuca-Tulancingo, bajo el argumento de que carece de facultades y recursos presupuestales para cubrir las reparaciones.
Sin embargo, en Hidalgo existe la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicada el 28 de julio de 2022 mediante el Decreto 223, que establece mecanismos para reclamar indemnizaciones por daños ocasionados por la actividad administrativa irregular de los entes públicos, incluidas las omisiones atribuibles a las autoridades.
Mediante el oficio DGAJ/312/2026, fechado el 3 de noviembre de 2026, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de SIPDUS comunicó al solicitante que su petición no podía resolverse favorablemente.
El ciudadano había presentado previamente un escrito dirigido al gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar, registrado con el folio 0627, mediante el cual solicitó la intervención del Ejecutivo estatal para obtener el pago de los desperfectos ocasionados a su automóvil.
Los daños reportados consistieron en dos rines, un amortiguador y una llanta, con un costo estimado de 18 mil pesos, atribuidos a las malas condiciones de la carretera Pachuca-Tulancingo.
La petición fue turnada a SIPDUS para su atención a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
En su respuesta, la dependencia fundamentó su negativa en el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, así como en el artículo 11 de su Reglamento Interior.
Argumentó que sus atribuciones comprenden la realización y supervisión de obras públicas, ejecutadas directamente o mediante contratos, pero que entre sus facultades no se encuentra efectuar pagos por daños materiales derivados de las condiciones de las vialidades.
El documento establece textualmente que la solicitud “no puede ser atendida de forma favorable, ya que carece presupuestalmente de recursos y de facultades para cubrir la reparación del daño causado a su vehículo”.
Existe una ley estatal que contempla indemnizaciones
La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo regula el derecho de los particulares a reclamar indemnizaciones cuando sufran daños en sus bienes o derechos como consecuencia de una actividad administrativa irregular de los entes públicos.
Su artículo seis establece que las entidades públicas deben contemplar partidas presupuestales para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial.
Además, el artículo siete contempla mecanismos para cubrir obligaciones indemnizatorias cuando los recursos presupuestales resulten insuficientes, incluso mediante su programación en ejercicios fiscales posteriores.
Por tanto, la falta de presupuesto alegada por SIPDUS no constituye, por sí misma, una razón suficiente para descartar una eventual obligación de indemnizar, siempre que se acrediten los requisitos legales correspondientes.
El artículo 17 contempla la presentación de reclamaciones por escrito ante la autoridad presuntamente responsable, mientras que los artículos 20 y 21 regulan la acreditación del daño y su relación causal con la actuación u omisión administrativa.
A su vez, el artículo 25 establece los elementos que deben considerarse en la resolución de estos procedimientos, incluida la valoración de las pruebas y la determinación de la relación entre la actividad administrativa irregular y el daño reclamado.
La legislación también contempla mecanismos de impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo cuando las reclamaciones sean rechazadas.
SIPDUS no menciona la legislación de responsabilidad patrimonial
En el oficio entregado al automovilista, la Dirección General de Asuntos Jurídicos no hace referencia a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo ni explica si la solicitud fue examinada bajo ese ordenamiento.
Tampoco precisa si se realizó una inspección del tramo carretero donde ocurrieron los daños, si se verificaron las condiciones del pavimento o si se determinó qué autoridad tiene a su cargo la conservación de esa vialidad.
La legislación estatal permite reclamar una indemnización, pero su procedencia requiere acreditar la existencia del daño, la actividad administrativa irregular y la relación causal entre ambas.
No obstante, la respuesta oficial no precisa si la dependencia examinó la posible responsabilidad patrimonial del Gobierno del Estado o si únicamente respondió con base en sus atribuciones administrativas ordinarias.
