Por Poder con Propósito | Ética Radical®
Por Yarely Melo Rodríguez
Hay gobiernos que le piden paciencia a la población y sacrificio a sus policías, mientras preservan intactos los gastos que hacen más cómoda y visible la vida del presidente municipal. La seguridad puede esperar; la imagen del gobernante conserva presupuesto.
Esa elección merece más atención que cualquier discurso pronunciado frente a una patrulla.
La verdadera prioridad de un gobierno aparece cuando el dinero no alcanza para todo. Ahí se descubre qué considera indispensable y qué está dispuesto a sacrificar. Si protege la promoción de su imagen, los viajes prescindibles y los gastos de representación, mientras deja sin resolver las condiciones necesarias para contratar policías, su presupuesto contradice sus promesas.
La prioridad se demuestra en el gasto que se protege cuando hay que recortar.
Pensemos en una secuencia que exige explicaciones: un Ayuntamiento anuncia plazas policiales, ofrece un salario que no consigue atraer aspirantes y después propone destinar a otros conceptos el dinero que no ejerció. La convocatoria existió. Las plazas fueron presupuestadas. Incluso puede haber una fotografía del anuncio. Pero la necesidad que justificó esas contrataciones sigue ahí.
Las calles no se volvieron más seguras porque nadie solicitó el empleo.
Una convocatoria sin resultados debería abrir una revisión seria. ¿La remuneración era competitiva? ¿Qué prestaciones se ofrecían? ¿Había equipo suficiente, horarios razonables y condiciones para desarrollar una carrera? ¿Los requisitos estaban bien planteados? ¿La difusión llegó a las personas que podían cumplirlos?
Concluir que “nadie quiso entrar” sin responder esas preguntas convierte un problema de gestión en una explicación demasiado cómoda.
Quien aspira a ser policía también calcula. Tiene una familia, gastos cotidianos y una vida que proteger. Se le exige preparación, disciplina, disponibilidad y capacidad para actuar bajo presión. Sus decisiones pueden comprometer su integridad y la de otras personas. Ofrecer condiciones que no corresponden a esa responsabilidad debilita, desde el reclutamiento, la institución que después deberá responder ante una emergencia.
La vocación de servicio merece condiciones para sostenerse. No puede utilizarse como descuento salarial.
Jennifer Pahlka, examina una fractura que atraviesa a muchos gobiernos: quienes diseñan las políticas suelen permanecer lejos de los detalles que determinan si pueden cumplirse. Esa distancia ayuda a entender cómo una decisión bien presentada puede terminar ofreciendo resultados muy distintos de los prometidos.
En el municipio, la contradicción adquiere una forma concreta: se autorizan plazas policiales, pero las condiciones ofrecidas no consiguen atraer a quienes deberían ocuparlas. El anuncio está completo; la capacidad de proteger sigue pendiente.
Si nadie acepta las condiciones, el gobierno tiene un problema que resolver, no un ahorro que celebrar.
La convocatoria fallida exige revisar salarios, prestaciones, requisitos y condiciones de trabajo. Llevarse el dinero a otros gastos sin explicar cómo se atenderá la necesidad original deja una pregunta abierta: ¿se corrigió el problema de contratación o simplemente se retiró del presupuesto?
Presupuestar plazas es apenas el comienzo. La capacidad aparece cuando hay personal preparado, equipado y suficiente para prestar el servicio.
Tampoco basta con elevar salarios de manera aislada. La formación, la supervisión y los controles importan. Precisamente por eso, fortalecer una corporación exige una propuesta completa, con costos sostenibles y objetivos verificables. Gobernar supone resolver esa dificultad, no retirarla del presupuesto para hacerla desaparecer de la conversación.
Habrá ocasiones en que una reasignación de recursos sea necesaria y esté justificada. Pero, si afecta dinero previsto para atender una necesidad de seguridad todavía vigente, la explicación debe ser especialmente rigurosa: qué se intentó, por qué falló, qué alternativas se evaluaron y cómo se cubrirá ahora esa necesidad.
Una plaza vacante no demuestra que el dinero sobre. Puede demostrar que el gobierno todavía no encontró cómo convertirlo en protección.
La comparación con otros gastos es inevitable. La comunicación institucional cumple funciones útiles cuando informa sobre servicios, riesgos o decisiones públicas. Los viáticos pueden ser necesarios para una gestión concreta. El escrutinio debe concentrarse en lo prescindible y en aquello cuyo beneficio público no se acredita.
Si hay recursos para amplificar la presencia del alcalde, pero no se revisa una oferta policial que resultó insuficiente, la pregunta es legítima: ¿qué sacrificio está haciendo el gobierno antes de pedirle a la ciudadanía que soporte una capacidad de respuesta limitada?
La responsabilidad tampoco termina en la Presidencia. Quien encabeza el Ayuntamiento impulsa prioridades; Tesorería debe sustentar las propuestas con información y alternativas; el Cabildo tiene que examinar las consecuencias de lo que aprueba.
Una modificación presupuestal merece más que una lectura rápida y una votación por costumbre. Síndicos y regidores necesitan saber cuánto dinero se mueve, hacia dónde, con qué justificación y qué efecto tendrá sobre el servicio. Aprobar sin esas respuestas significa aceptar una decisión cuyo costo terminarán viviendo otros.
Porque detrás de una plaza sin cubrir puede haber un turno sobrecargado, menos capacidad de patrullaje o mayor dificultad para atender llamadas simultáneas. La población experimenta esas limitaciones cuando necesita ayuda. En ese momento, la explicación de que “el recurso no se ejerció” ofrece muy poco consuelo.
No hace falta atribuir una maniobra deliberada para exigir cuentas. Basta reconstruir las decisiones: qué se ofreció, qué resultado produjo, qué se corrigió y por qué se eligió otro destino para el dinero. Esa secuencia permite evaluar la distancia entre la seguridad prometida y la capacidad realmente construida.
La ética pública se vuelve concreta cuando obliga al poder a ordenar sus comodidades después de las necesidades de la población. Ahí se mide el compromiso de un gobernante: en lo que está dispuesto a reducir de su propia exposición, representación y confort para fortalecer un servicio indispensable.
Antes de pedirle a la población que espere por su seguridad, el gobernante debe explicar qué gastos está dispuesto a dejar de hacer.
