Por Poder con Propósito
Por Yarely Melo Rodríguez | Ética Radical®
En algunos municipios, una plaza se ocupa antes de preguntar qué necesita la oficina. Primero llega el compromiso político; después se busca dónde sentarlo. El nombramiento tiene firma, la nómina tiene presupuesto y el expediente puede estar completo. Lo que nadie acredita es si esa persona sabe hacer el trabajo por el que cobra.
Meses después aparece la urgencia. Hay que integrar un presupuesto, revisar contratos, ordenar archivos o responder observaciones que el personal contratado no sabe atender. Entonces el municipio contrata una consultoría.
El ciudadano paga por primera vez al recomendado. Paga por segunda vez a quien hace el trabajo que debía realizar la oficina. Y paga por tercera vez cuando el trámite se retrasa, el expediente se pierde o una decisión mal preparada termina costándole más al municipio.
La factura más grave no siempre aparece en una transferencia irregular. A veces está distribuida entre sueldos, contratos y servicios que no mejoran.
Conviene ser precisos: una consultoría puede ser necesaria y valiosa. Hay problemas que exigen conocimientos especializados o apoyo durante un periodo concreto. La pregunta es otra: ¿qué capacidad queda en el municipio cuando termina el contrato? Si el consultor entrega un documento, cobra y se va, mientras la oficina sigue sin poder cumplir su función, el gobierno compró una solución provisional para conservar un problema permanente.
Con la capacitación ocurre algo parecido. Se pagan cursos, se reparten constancias y se toma la fotografía. Luego llega el siguiente presupuesto y las mismas personas vuelven a preguntar cómo se integra, qué deben revisar y por qué les corresponde decidir. La constancia acredita asistencia; el desempeño tendría que demostrar aprendizaje.
Mientras tanto, el código de ética permanece a salvo en una carpeta. Puede tener firmas, fecha de aprobación y espacio en el portal institucional. Pero si las plazas se asignan para pagar lealtades, si nadie evalúa el trabajo y si la permanencia depende más de la cercanía con el poder que de los resultados, ese código no está gobernando ninguna decisión.
El Sistema Nacional Anticorrupción establece bases para coordinar la prevención, la investigación y la sanción de la corrupción. Esa tarea pierde fuerza en la vida cotidiana cuando un gobierno tolera prácticas que debilitan sus propias oficinas y espera a que aparezca un escándalo para preguntarse qué salió mal. La ética pública también se juega antes: al definir a quién se contrata, qué se le exige y qué ocurre cuando no cumple.
Por eso el Presupuesto de Egresos merece una lectura más incómoda que la habitual. No basta con saber cuánto se destinará a servicios personales, capacitación o asesorías. Hay que preguntar qué problema resuelve cada gasto y cómo se comprobará que lo resolvió. ¿La consultoría atiende una necesidad especializada o sustituye tareas ordinarias? ¿La capacitación corrige errores identificados? ¿La oficina podrá trabajar mejor el año siguiente?
El presupuesto puede financiar personal capaz, aprendizaje y continuidad institucional. También puede garantizar que cada administración empiece de cero, pague otra vez por saber lo mismo y deje a la siguiente los mismos expedientes inconclusos.
Un municipio que contrata sin mérito, capacita sin transformar y consulta sin aprender está presupuestando su incompetencia.
Y cuando ese presupuesto se aprueba sin hacer preguntas, el ciudadano no solo paga tres veces. Se le exige que agradezca un servicio que ya financió y que todavía no recibe.
No escribo para convencer. Escribo para que no se nos olvide.
