Por Retención y agresión de un alcalde, vehículos oficiales incendiados, policías lesionados, bloqueos carreteros, una presidencia municipal tomada y disputas por agua y obra pública marcaron el mes.
Agosto cerró en Hidalgo con al menos ocho conflictos municipales relevantes, algunos de los cuales escalaron de protestas y diferencias administrativas a retenciones de autoridades, enfrentamientos con policías, bloqueos carreteros y destrucción de vehículos oficiales.
La mayor concentración de hechos ocurrió en el Valle del Mezquital, particularmente entre el 15 y el 21 de agosto, aunque las inconformidades continuaron prácticamente hasta el último fin de semana del mes con nuevos episodios en Epazoyucan y Tasquillo.
Los conflictos se registraron en Nopala de Villagrán, Cardonal, San Salvador, Ixmiquilpan —con dos episodios distintos—, Tizayuca, Epazoyucan y Tasquillo.
Uno de los primeros acontecimientos graves ocurrió el 15 de agosto en Nopala de Villagrán, donde habitantes inconformes con un proyecto carretero realizaron una protesta que terminó con una patrulla de Seguridad Pública Municipal incendiada.
Días después, en Cardonal, la disputa entre la presidenta municipal Karla Monserrat Hernández Cerroblanco y un grupo de regidores por la aprobación de contratos y obras públicas llegó hasta el Congreso de Hidalgo y posteriormente al Tribunal Electoral del Estado, que ordenó a la alcaldesa entregar documentación solicitada por integrantes del Ayuntamiento.
El episodio más grave se registró en San Salvador. El 18 de agosto, habitantes de la comunidad de La Flor irrumpieron en la Presidencia Municipal, golpearon y retuvieron al alcalde Norberto Martínez Cruz y trasladaron también a otros servidores públicos.
Durante el operativo para liberarlos, 10 policías estatales resultaron lesionados y siete habitantes fueron detenidos. Posteriormente, pobladores bloquearon carreteras del Valle del Mezquital para exigir su liberación.
Las siete personas detenidas fueron vinculadas a proceso por delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, lesiones, robo y daño en la propiedad. Un juez estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, reprobó la agresión contra el alcalde y sostuvo que las diferencias debían procesarse mediante el diálogo. El gobernador Julio Menchaca Salazar señaló posteriormente que ninguna inconformidad justificaba agresiones o daños al patrimonio público.
Ixmiquilpan registró durante agosto al menos dos conflictos distintos.
El primero ocurrió el 11 de agosto, cuando habitantes de Julián Villagrán se manifestaron sobre la carretera Actopan-Ixmiquilpan para exigir la liberación de dos vecinos detenidos después de un conflicto agrario con pobladores de Pueblo Nuevo.
El segundo, y de mayor gravedad, estalló el 19 de agosto entre habitantes de El Nandho y Orizabita por el suministro de agua del pozo El Manantial.
Durante una diligencia de la Procuraduría estatal, agentes fueron retenidos y cuatro vehículos oficiales terminaron incendiados: dos pertenecientes a la PGJEH y dos al Ayuntamiento de Ixmiquilpan.
La propia Procuraduría reconoció posteriormente fallas en su actuación. Francisco Fernández Hasbun informó que el agente del Ministerio Público responsable de la diligencia fue separado de su cargo por no haber agotado previamente mecanismos de diálogo y conciliación.
Menchaca también consideró que existió falta de prudencia en la intervención y sostuvo que deberían investigarse tanto las responsabilidades de los servidores públicos como las de quienes destruyeron los vehículos.
En Tizayuca, habitantes del fraccionamiento Los Héroes se opusieron al derribo de una barda para habilitar una conexión vial con Ciudad Natura. La protesta derivó en una confrontación con policías y seis personas fueron detenidas.
Cuando la tensión parecía disminuir, el 28 de agosto habitantes de Epazoyucan bloquearon durante varias horas la carretera Pachuca-Tepeapulco para exigir soluciones al desabasto de agua y el cumplimiento de obras pendientes.
Un día después, habitantes de El Durazno tomaron la Presidencia Municipal de Tasquillo para reclamar al alcalde Alberto Basilio González el incumplimiento de compromisos relacionados con obra pública. Los manifestantes incluso advirtieron que podrían bloquear la carretera México-Laredo si no obtenían respuesta.
La sucesión de acontecimientos llevó al gobernador Julio Menchaca a reconocer que en algunos municipios las mesas de negociación habían sido rebasadas, aunque rechazó que Hidalgo enfrentara un escenario generalizado de ingobernabilidad.
El mandatario sostuvo que el diálogo continuaría como primera opción del gobierno estatal, pero advirtió que las protestas no pueden justificar agresiones contra personas ni daños al patrimonio público.
Al cierre de agosto, el saldo de los principales conflictos incluye un alcalde golpeado y retenido, otros 14 servidores públicos privados de la libertad, 10 policías estatales lesionados, al menos 13 personas detenidas en distintos episodios, siete vinculadas a proceso, cinco vehículos oficiales incendiados, múltiples bloqueos carreteros y una presidencia municipal tomada.
Obra pública y suministro de agua aparecen como los dos principales detonantes de las inconformidades.
Agosto dejó así una cadena de ocho conflictos municipales relevantes en Hidalgo, varios de ellos todavía abiertos al concluir el mes y con consecuencias administrativas, políticas, judiciales y penales.
