Por La mutilación silenciosa del Municipio Libre en Hidalgo
Por: Yarely Melo
La prisa es la coartada favorita del autoritarismo. Bajo el gastado argumento de “reducir la burocracia” y “agilizar la administración”, el Congreso del Estado de Hidalgo está operando un desmantelamiento sistemático de los contrapesos locales.
La propuesta para permitir que los presidentes municipales firmen contratos y convenios sin el aval de sus Cabildos no es una reforma administrativa; es la entrega de un cheque en blanco absoluto y una afrenta directa a la naturaleza del Municipio Libre.
El error de origen de los legisladores radica en una confusión conceptual tan grave que raya en el dolo: confundir al municipio con una monarquía absolutista. En el diseño republicano de México, el Poder Ejecutivo federal o estatal es unipersonal, pero en el ámbito Municipal, el órgano de gobierno no es el alcalde; es el Ayuntamiento.
El artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es categórico: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa…”. El Ayuntamiento es un órgano colegiado y deliberante. No existe para decorar las fotos oficiales ni para validar de forma automática los caprichos del gobernante en turno; existe como una frontera de control constitucional para evitar los abusos de poder y la opacidad en el erario. Quitarle al Cabildo la facultad de revisar y autorizar la contratación pública es, simple y llanamente, mutilar el pacto constitucional.
Lamentablemente, este no es un hecho aislado. Estamos presenciando una estrategia por etapas para instaurar un presidencialismo municipal absoluto. Esta misma legislatura ya consumó un golpe brutal que pasó de noche y bajo un silencio cómplice: la eliminación del requisito de la mayoría calificada para la aprobación del presupuesto municipal.
Al bajar la aprobación a una mayoría simple, anularon de facto el espíritu de la Representación Proporcional. Los regidores de oposición no están en el Cabildo por concesión graciosa; están ahí para representar a las minorías ciudadanas y obligar a la construcción de consensos en las decisiones más críticas, como el destino del dinero público.
Al eliminar la mayoría calificada, redujeron la pluralidad democrática a una operación aritmética básica.
El partido del alcalde, si tiene mayoría absoluta por sí mismo, hoy puede aprobar el presupuesto a puerta cerrada.
Las pinzas de la opacidad se están cerrando. Con la reforma presupuestal ya aprobada, el grupo en el poder decide libremente en qué se gasta. Ahora, con la dispensa del aval del Cabildo para los contratos, el alcalde podrá decidir de manera unilateral a quién se lo asigna, sin revisión preventiva de montos, vigencias o padrones de proveedores. La fiscalización preventiva queda extinta; solo restará la autopsia de los recursos cuando el daño patrimonial ya sea irreversible.
La deliberación y el debate dentro de un Cabildo no son obstáculos para la eficiencia; son la única garantía de legalidad y transparencia. Un gobierno municipal que le teme a la revisión de sus contratos por parte de su propio cuerpo edilicio es un gobierno que prefiere operar en la sombra.
Hidalgo no necesita virreinatos municipales exentos de contrapesos. El poder solo tiene propósito cuando se ejerce con responsabilidad, con criterios técnicos y con estricto respeto a la pluralidad democrática. Permitir este atropello es renunciar a la legalidad para administrar, una vez más, la inercia del abuso.
El trasfondo de este retroceso democrático es tan evidente como cínico. Quienes hoy impulsan estas reformas desde el Congreso local son, en muchos casos, los mismos personajes que ya preparan sus candidaturas para el próximo proceso municipal. No legislan para el fortalecimiento de las instituciones ni para el bienestar de la ciudadanía; se están confeccionando un traje a modo.
Construyen desde ahora las leyes que mañana les permitirán gobernar sin ataduras, sin contrapesos y sin la molestia de tener que rendirle cuentas a nadie. Es la política del beneficio propio: diseñar el abuso hoy para ejercerlo mañana desde la silla presidencial.
