Por Detallan las etapas de la consulta para la reforma
Las comunidades originarias y afromexicanas se preparan para un cambio histórico en sus derechos. El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, dio a conocer los detalles de la propuesta de iniciativa de ley que busca reconocer formalmente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esta medida permitirá que las comunidades ejerzan plenamente su libre determinación y autonomía, garantizando su participación activa en la vida pública nacional a través de una propuesta estructural que incluye ocho libros clave y un régimen transitorio.
Los 8 pilares para la justicia social e inclusión
La nueva estructura legal contempla las siguientes directrices fundamentales para transformar la relación del Estado con las comunidades:
- Sujetos de derecho público: Se fijan las bases colectivas para que ejerzan su personalidad jurídica en una relación de respeto y coordinación con todas las autoridades del país.
- Libre determinación y autonomía: Define el régimen constitucional de la autonomía indígena a niveles comunitario, municipal y regional, abarcando temas críticos como la restitución de tierras, la propiedad intelectual colectiva, los Planes de Justicia y los caminos artesanales.
- Pueblos y comunidades afromexicanas: Desarrolla normas específicas bajo un enfoque de inclusión total, combatiendo de forma activa el racismo y la discriminación.
- Derechos de mujeres, niñez y juventud: Garantiza la igualdad sustantiva mediante acciones afirmativas y reparatorias que fortalezcan su participación política, su derecho a la propiedad de la tierra y una vida libre de violencias.
- Grupos vulnerables: Determina los derechos individuales de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad para asegurar su desarrollo integral con justicia y dignidad.
- Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado: Establece metodologías oficiales para realizar consultas ante cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectarles, buscando siempre un acuerdo justo.
- Coordinación de niveles de gobierno: Define la distribución de competencias entre la Federación, estados, municipios y demarcaciones de la CDMX para un desarrollo intercultural y sostenible.
- Sanciones y Juicio de Amparo: Asegura que los agravios en contra de las comunidades sean debidamente sancionados y protegidos mediante la figura del juicio de amparo indígena y afromexicano.
Para garantizar el acceso universal a esta información, se informó que la ley se traducirá en las 68 lenguas indígenas del país con apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Las 5 etapas de la consulta nacional
Por su parte, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la consulta nacional para recibir opiniones y sugerencias abarcará 16 mil 728 comunidades y se dividirá de forma estricta en cinco etapas durante este año:
- Publicación oficial: Inicio del proceso mediante la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
- Fase informativa: Difusión masiva del contenido de la ley en territorio hasta el 6 de agosto.
- Deliberación comunitaria: Realización de 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo del 7 de agosto al 13 de septiembre.
- Análisis y adecuación: Periodo de estudio e integración de propuestas del 21 de septiembre al 11 de octubre.
- Entrega oficial: Presentación formal del proyecto final ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre, conmemorando el Día de la Nación Pluricultural.
