Por La organización internacional pide al Estado mexicano aceptar cooperación técnica y colocar a las víctimas en el centro ante más de 132 mil familias afectadas.
La organización Amnistía Internacional respaldó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de someter a consideración de la Asamblea General de la ONU la situación de las desapariciones en México con carácter urgente, y expresó su preocupación por la descalificación del Gobierno mexicano frente a esta determinación.
La organización señaló que las desapariciones en el país continúan siendo una crisis de gran magnitud que impacta directamente a más de 132 mil familias. Subrayó que, si bien pueden existir avances institucionales, estos no eximen al Estado de atender las observaciones de organismos internacionales ni de reforzar sus acciones.
En ese sentido, enfatizó la importancia de mantener la cooperación internacional y colocar a las víctimas y sus familias en el centro de la respuesta gubernamental.
El Comité reconoció la gravedad del fenómeno y planteó la necesidad de adoptar medidas específicas, entre ellas, fortalecer la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada en áreas como la búsqueda de personas, el análisis forense y la investigación de desapariciones forzadas, incluyendo posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Asimismo, se planteó la urgencia de establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad, así como garantizar asistencia y protección a las familias de personas desaparecidas, organizaciones y defensores que acompañan estos procesos.
Amnistía Internacional consideró que esta resolución representa una oportunidad clave para que el Estado mexicano atienda de manera efectiva la crisis, por lo que llamó a las autoridades a aceptar el acompañamiento internacional, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y consolidar su compromiso con los derechos humanos.
Como antecedente, en abril de 2025 el Comité de la ONU activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el objetivo de analizar si en México este delito ocurre de forma sistemática o generalizada.
En su informe, el Comité reconoció esfuerzos del Estado mexicano, pero los calificó como insuficientes frente a la magnitud del problema. Concluyó que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan ocurriendo como crímenes de lesa humanidad.
Además, advirtió que estos hechos se presentan mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones del país, y que podrían estar vinculados a políticas estatales u organizacionales, ya sea por acción directa, complicidad o aquiescencia de autoridades en distintos niveles de gobierno.
