Por El organismo señala deficiencias en registros, falta de investigaciones y omisiones del Estado en la estrategia presentada.
La organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) cuestionó las cifras presentadas como parte de la Estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, difundida durante la conferencia mañanera del gobierno federal.
En un posicionamiento, el Centro Prodh señaló que, si bien es relevante mejorar los registros y transparentar las metodologías de revisión, resulta preocupante que la premisa de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de los casos corresponden a ausencias voluntarias minimiza la responsabilidad del Estado.
La organización advirtió que acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas reduce la dimensión de una crisis que, sostuvo, no puede resolverse únicamente mediante revisiones administrativas en registros públicos.
Asimismo, expresó preocupación por la existencia de más de 46 mil registros con “datos insuficientes”, sin que se hayan anunciado acciones para corregirlos o avanzar en la localización de las personas, lo que —indicó— deja la carga de la búsqueda en manos de las familias.
El Centro Prodh subrayó que estas deficiencias no son atribuibles a los familiares, sino a las autoridades, que tienen la obligación de integrar los registros con diligencia y activar mecanismos inmediatos de búsqueda.
Respecto a las investigaciones, señaló que el reconocimiento de solo 3 mil 869 carpetas abiertas refleja los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo donde operan redes criminales con alcance en instituciones de procuración de justicia.
Recordó que, ante una desaparición, existe la obligación legal de iniciar una investigación penal, y advirtió que, sin medidas adicionales para garantizarlo, persistirán las barreras de acceso a la justicia.
Sobre el dato oficial de que más del 90 por ciento de las personas reportadas han sido localizadas, el organismo enfatizó que dichas localizaciones no necesariamente derivan de acciones del Estado, sino en muchos casos de la movilización de familiares y redes comunitarias en las primeras horas.
El posicionamiento también retomó lo señalado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que documentó durante su visita a México niveles de impunidad superiores al 99.9 por ciento. En este sentido, indicó que las detenciones anunciadas no constituyen un indicador suficiente de combate a la impunidad si no se traducen en procesos judiciales que concluyan en sentencias.
Finalmente, el Centro Prodh advirtió que, a lo largo de distintas administraciones, las acciones se han concentrado en la revisión de registros y ajuste de cifras, sin consolidar una política nacional integral de prevención y erradicación de las desapariciones, como lo ha recomendado el organismo internacional.
