Por La propuesta busca impedir que agresores conserven derechos sobre las hijas e hijos de la mujer a la que violentaron
La diputada local, Tania Meza Escorza, presentó una iniciativa para reforzar las causales de suspensión de la patria potestad y establecer la pérdida de derechos familiares a quienes cometan feminicidio.
La propuesta plantea modificar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo para que la patria potestad se suspenda cuando exista incumplimiento en el pago de pensión alimenticia por tres meses consecutivos o discontinuos en un año, sin causa justificada.
Asimismo, propone adicionar el Código Penal estatal para que, además de las penas de prisión, quien sea responsable de feminicidio pierda los derechos de familia respecto de la víctima y de sus hijas o hijos, incluidos los sucesorios.
“La patria potestad no es un privilegio absoluto ni un derecho incuestionable; es una función social y jurídica que implica deberes concretos: proteger, educar, alimentar y garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, expresó la legisladora.
La diputada subrayó que el incumplimiento alimentario no es un conflicto privado entre personas adultas, sino una afectación directa a derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la educación y el desarrollo integral de la niñez.
En materia penal, la iniciativa retoma el espíritu de la llamada “Ley Monzón”, impulsada tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón ocurrido el 21 de mayo de 2022, para impedir que agresores conserven derechos sobre las hijas e hijos de la mujer a la que violentaron.
“No podemos permitir que quien arrebate la vida de una mujer por razones de género conserve derechos sobre sus hijas o hijos. No podemos permitir que quien incumple sistemáticamente con la obligación de alimentar y sostener a sus hijas e hijos siga ejerciendo una autoridad que en los hechos ha traicionado”, sostuvo.
Además, Tania Meza declaró que el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y de garantizar el interés superior de la niñez por encima de cualquier formalismo legal.
“Como mujeres legisladoras, sabemos que cada avance en nuestros derechos ha sido fruto de la lucha, de la voz colectiva y de la convicción feminista de que la igualdad sustantiva no es una concesión, es un derecho. La patria potestad no puede ser refugio de agresores”, concluyó la morenista.
