Poder con Propósito

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Paridad en todo: cuando la igualdad se queda fuera de la tesorería

Por Yarely Melo Rodríguez

En México se celebró en 2019 la reforma constitucional conocida como la de “paridad en todo”. Un avance histórico que prometía lo obvio: que las mujeres no solo estarían en las boletas, sino también en todos los espacios de poder —federales, estatales y municipales—. En el papel, la igualdad sustantiva dejó de ser un discurso para convertirse en mandato constitucional.

Pero hay que mirar dónde la paridad sigue siendo simulación: en los puestos clave de la administración municipal.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo fija requisitos claros para cargos estratégicos. 

• El artículo 92 exige a quien ocupe la Secretaría General Municipal capacidad y experiencia administrativa. 

• Los artículos 95 y 96 piden que el Tesorero Municipal tenga conocimientos técnicos suficientes para administrar los fondos públicos. 

• El artículo 102 señala que la Contraloría debe estar en manos de alguien con estudios contables. 

• Y el artículo 113 establece que la Dirección de Obras Públicas la encabece un profesionista de la construcción o la ingeniería. En teoría, con estas disposiciones la profesionalización estaría garantizada.

En la práctica, no sucede y es ahí donde “los buenos deseos” se convierten en nada.

No podemos culpar a quienes en teoría gobiernan, porque una cosa es llegar y otra que las dejen hacer, porque cuando quieren resolver tienen, “poderosos ojos” sobre ellas, ya sea para desacreditarlas o para argumentar (en el mejor de los casos), que la idea de que una mujer ejerza el poder es una mala broma. ¡Vaya machismo!, ¿no creen?

Los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que, en Hidalgo, de los 84 municipios:

• Apenas 5 mujeres son secretarias municipales (6%).

• 15 mujeres son Tesoreras (18%).

• Solo 1 o 2 mujeres dirigen Obras Públicas (1–2%).

• Alrededor de 10 mujeres son Contraloras (12%).

En total, son en el Estado de Hidalgo 336 cargos que suman estas áreas municipales, y solo 32 están ocupados por mujeres: el 9.5% del total. 

Y si la paridad en todo es ley, no hay excusa para que en Hidalgo apenas el 10% de las posiciones clave estén ocupadas por mujeres. 

Cumplir la Constitución no es un favor, es un deber.

El contraste es brutal. 

En un estado donde se presume paridad en los cabildos, porque se logró por primera vez que 41 municipios sean gobernados por mujeres, las tesorerías, secretarías, contralorías y obras públicas siguen blindadas como feudos masculinos. 

Ellos administran, ellos ejecutan, ellos deciden. 

Ellas, cuando llegan, solo firman.

Y sabemos de algunas que no las dejan ni trabajar.

Esto no es casualidad: es el viejo pacto que se resiste a morir. La paridad se concede en las fotos, pero se niega en los espacios donde se gestiona el presupuesto, donde se planea el desarrollo y donde se define el rumbo municipal. Sin acceso a esos puestos, las mujeres no solo son relegadas, son neutralizadas.

¿De qué sirve capacitar, ofrecer códigos de ética y hablar de profesionalización si los perfiles de mando siguen cerrados a las mujeres?

La respuesta es evidente: la capacitación no sustituye la práctica. Una mujer puede tomar cursos, acumular diplomas y discursos sobre igualdad. Pero si no se le permite ejercer como tesorera, secretaria, contralora o directora de obras, nunca tendrá la experiencia que la prepare para gobernar con plena autonomía.

¿A nivel nacional?, la foto es similar: las mujeres son apenas el 28.9% de las presidentas municipales, y nos imaginamos como se integraron esos cabildos, ¿o no?

Pero no todo concluye ahí, yo sé de cierto que se están cocinando propuestas muy profesionales para facultar a todas estas mujeres a ejercer su posición con alta ética, con ejecución impecable y con coherencia radical. Segura estoy que nadie rehusara este llamado, porque no solo es llegar la clave está en permanecer.

Para cerrar hoy, puntualizo: La paridad real no es llenar sillas: es abrir puertas a la formación en campo, en la administración diaria, en la responsabilidad de firmar presupuestos y tomar decisiones técnicas. Cada mujer excluida de esos cargos es una oportunidad perdida para el presente y para el futuro.

Porque la verdadera profesionalización del servicio público no se mide en manuales ni en institutos de capacitación, sino en mujeres y hombres ejerciendo con igualdad la gestión del poder.

Yarely Melo Rodríguez

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