Por El poder a medias: cuando la violencia política se disfraza de reglamento
Por Yarely Melo Rodríguez
En Hidalgo solemos presumir la paridad: 41 municipios gobernados por mujeres, cabildos integrados de forma equilibrada, discursos que celebran la igualdad. Pero hay una verdad incómoda: la paridad en el papel no garantiza el poder en la práctica.
El libro Cuando hacer política te cuesta la vida lo muestra con crudeza. En 2016, Felícitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, fue víctima de violencia política que comenzó de forma silenciosa: la tesorería y el cabildo le negaban recursos, le retuvieron oficios e incluso le impidieron convocar a sesión. Lo que parecía un diferendo administrativo terminó escalando en hostigamiento abierto: frases misóginas como “No dejes que te gobierne una vieja”, ataques a su vehículo e incluso la toma del palacio municipal. El caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió que esas acciones constituían violencia política de género y ordenó su reinstalación. Lo que empezó con un “no hay dinero para eso” terminó con un riesgo de vida.
Hoy, en los cabildos de Hidalgo, la historia se repite en otra escala. Las regidoras llegan con responsabilidades legales claras —presentar planes de trabajo, vigilar el presupuesto, rendir cuentas—, pero enfrentan un muro silencioso: se les niega lo básico. No hay viáticos para trasladarse, no hay recursos para convocar a la gente, no hay un espacio de reunión digno, ni siquiera un café para atender a la ciudadanía.
La comparación es inevitable: lo que en Guerrero terminó en violencia letal contra una alcaldesa, en Hidalgo se traduce hoy en violencia presupuestal contra regidoras (y no sabemos si también con las presidentas municipales). Ambas expresiones parten del mismo pacto: permitirles estar, pero no ejercer.
Esto no es un descuido administrativo. Es violencia política institucional y sistemática. La Ley Orgánica Municipal obliga a que los planes de trabajo de las comisiones se presenten y aprueben en cabildo, pero ¿cómo ejecutarlos si no existe una partida presupuestal mínima? Es el equivalente a pedir resultados con las manos atadas, mientras la ciudadanía exige, con razón, respuestas visibles.
Hannah Arendt advertía que el poder se sostiene en la acción conjunta, no en el aislamiento. Y eso es precisamente lo que generan estas prácticas: aislar a las mujeres electas, quitarles eficacia, restarles legitimidad, hasta reducirlas a figuras decorativas.
¿Cómo evitarlo? La respuesta no está solo en más leyes, sino en su cumplimiento efectivo:
• Asignar presupuestos etiquetados a las comisiones para que las regidoras puedan ejercer su función.
• Garantizar espacios físicos de reunión y atención ciudadana, que no dependan de la voluntad discrecional de la tesorería.
• Mecanismos de denuncia y sanción específicos para la violencia institucional de carácter presupuestal.
La violencia política contra las mujeres en razón de género no siempre aparece en titulares sangrientos. A veces se esconde en un oficio no firmado, en un recurso negado, en un espacio clausurado o en una desacreditación por romper la ley, como sucedió en el cabildo de Tequila, Jalisco.
Resulta indispensable que las mujeres hagamos alianzas, sumemos esfuerzos y ejerzamos la sororidad como un estilo de vida, impulsando a las que ya están, formando a las que quieren llegar y haciendo que la permanencia en el ejercicio del poder sea el resultado de las decisiones tomadas por mujeres autónomas, libres, facultadas y soberanas, ese es el nuevo pacto al que debemos llegar. De lo contrario nuestra permanencia en el poder está en riesgo.
Yarely Melo Rodríguez
