Familia de empresarios son apoyados ilegalmente para obtener tierras.
Con el apoyo ilegal del Tribunal 10 de Tlalnepantla, Estado de México, la familia Pérez Lizaur pretende despojar de cerca de 70 hectáreas a mil ejidatarios del municipio de Huehuetoca, Estado de México, quienes son legítimos propietarios de ese terreno y de lo cual tienen documentación oficial que así lo comprueba.
En el 2023, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 del Estado de México, ubicado en la calle de Aculto 39, Río Lerma, Colonia La Romana, Tlalnepantla, dio un fallo en contra de los ejidatarios para que los demandantes tomarán posesión de dicho terreno perteneciente al Ejido Huehuetoca, mismo que fue creado en abril del 1925 y cuyos descendientes de los primeros propietarios continúan viviendo en la zona.
Ante esta situación, representantes del Comisariado del Ejido, afirmaron que solicitan la intervención de la Presidencia de la República y de la Procuraduría Agraria, con el fin de que permitan que se haga una revisión detallada, y sobretodo imparcial, de los documentos que comprueban su legítima propiedad, es decir de que se lleve a cabo una querella “honesta y apegada a la ley”, que permita un análisis correcto del expediente 810/2011.
“Solicitamos a la Presidenta de México que, con base en su conciencia y humanismo, intervenga para que las autoridades correspondientes logren que haya un proceso limpio, honesto y basado en el dialogo, para que dejemos de ser víctimas de un Poder Judicial corrupto que trabaja para favorecer a la familia Pérez Lizaur y que nos tiene hoy al borde de una enorme injusticia”.

Los representantes de Comisariado Ejidal, aprobados por su Asamblea y quienes han denunciado estos hechos son, entre otros: Benjamín Feregrino, José Luis Orozco, Andrés Colín, Juan Velázquez, Juan Garfias y Juan Hernández.
Detallaron que el pasado cuatro de junio del presente año, el Tribunal 10 de Tlalnepantla solicitó que se ejecutara una orden para ocupar las hectáreas reclamadas por la familia Pérez Lizaur, acción que fue detenida pacíficamente por los ejidatarios al explicarles al actuario y al perito su legitima propiedad de las tierras con base en documentos.
Ante ello, dicho Tribunal dio una nueva orden para que a más tardar la primera semana de julio tomaran posesión de estas hectáreas, con el apoyo de 100 efectivos de la Guardia Nacional.
Explicaron que la familia Pérez Lizaur demandó legalmente en el 2011 a los propietarios del Ejido Huehuetoca y ahora tienen el propósito de despojar a los mismos de estas tierras con el contubernio del Tribunal 10 de Tlalnepantla.
Denunciaron que, encabezados por Joaquín Pérez Lizaur, esta familia argumenta que su padre, el señor Jacobo Pérez Barroso (fallecido), era dueño de esas tierras y que ellos como hijos tienen derecho a las mismas, las cuales fueron invadidas, entregando documentación “en muchas ocasiones apócrifa, poco legible e incluso cuyas coordenadas no corresponden al perímetro del Ejido Huehuetoca”, a pesar de lo cual este Tribunal de Tlalnepantla “le ha dado entrada”.
Los ejidatarios dijeron que incluso a lo largo de los años, la familia Pérez Lizaur ha llevado a cabo diversas acciones de compra-venta de las tierras, para aparentar la propiedad de las mismas, a pesar de la existencia de diversos amparos interpuestos por los ejidatarios.
El Comisariado de este ejido, establece que a lo largo de los años ha podido “rastrear y recuperar” los documentos que avalan la legítima propiedad que tiene de estas tierras, las cuales en su mayoría son pastizales para ganado.
Como resultado de ello, ahora los ejidatarios poseen tanto mapas certificados por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), así como documentos que avalan la legitima propiedad de este ejido conformado por 3,144 hectáreas, documentos que no han podido ser presentados como pruebas en el proceso.
Cabe decir que, entre estos documentos, se encuentra uno del Gobierno del Estado de México, en el que participó incluso el ayuntamiento municipal de Huehuetoca de 1982, en el que describe que se realizó una Diligencia de Deslinde, en la que don Jacobo Pérez Barroso, al darse cuenta que las tierras no eran suyas, se desistía de las mismas y se las entregaba el ejido”.