Por Por primera vez en la historia de Estados Unidos un gobierno extranjero demanda a la industria de las armas.
La violencia que aqueja a México tiene múltiples causas, una de ellas, la más insidiosa, el flujo incontrolado de armas de fuego, pues una parte importante de ellas proveniente de Estados Unidos (EUA). Según datos documentados por expertos, más de 70 por ciento de las involucradas en crímenes violentos en nuestro país tienen su origen en el vecino del norte, apuntó la directora de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Sonia Venegas Álvarez.
Al dar la bienvenida a los participantes del Conversatorio México vs Industria armamentista de EE. UU: Desafíos jurídicos en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, organizado por la entidad universitaria, dijo que esta situación ha fortalecido las estructuras criminales, exacerbado la tasa de homicidios, convirtiendo a ciertas regiones de nuestra nación en zonas donde la violencia se normaliza, minando el tejido social y la vida cotidiana de la población.
Apuntó que detrás de cada una que cruza ilegalmente “hay historias de dolor, injusticia y vidas truncadas que nos llaman a la acción como juristas, como académicos y también como seres humanos. La Universidad no puede ser indiferente ante los desafíos de su tiempo”.
Reconoció que la iniciativa del gobierno mexicano de entablar litigios contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego en EUA marca un precedente sin igual en la historia del derecho internacional contemporáneo.
Al hacer uso de la palabra, Alejando Celorio Alcántara, exconsultor jurídico del Gobierno de México y miembro del Servicio Exterior Mexicano, expuso que a la República mexicana llegan de forma ilegal 250 mil armas al año que se encuentran en manos de civiles; si no existiera la ley placa en EUA -la cual otorga inmunidades judiciales jurisdiccionales a esa industria-, México sería más seguro. Los recursos destinados para responder a la violencia en los últimos 20 años quizá pudieron haberse dirigido a mejorar los sectores educativos, de vivienda y salud.
Puntualizó que no es fácil demandar a una industria poderosa para cerrar la llave de las armas, quien tuvo el valor fue el gobierno mexicano en el periodo anterior. Se trata de una querella civil por daños en la que el gobierno mexicano se presenta como persona afectada, pero no es contra el gobierno de Estados Unidos, ni de los estadounidenses, tampoco es una controversia constitucional.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos un gobierno extranjero demanda a la industria de las armas. Nos metimos a un tema crucial contra 10 empresas, pero desistimos de dos de ellas con oficinas centrales en Austria (Glock) e Italia (Beretta). El reto fue superar la ley de inmunidades vía la no extraterritorialidad de una ley estadounidense y una de no inmunidad.
