Por Más declaraciones sobre Accendo
Durante la comparecencia de la Secretaria de Hacienda, Esther Ramírez Vargas, una de las que arrojó más datos sobre los casos de corrupción de la administración gubernamental de Omar Fayad, la diputada priista, Montcerrat Hernández, solicitó que se de seguimiento a “la denuncia” contra la exfuncionaria Jessica Blancas por el caso Accendo.
A pesar de que no es una sola denuncia, la que señala que el gobierno estatal perdió la friolera de 807 millones de pesos cuando la institución financiera se declaró en quiebra, continúa el seguimiento mediático del caso.
La resistencia a mencionar por su nombre a la exsecretaria de Finanzas (Jessica Blancas) es ilustrativa pesar de que el contralor estatal ha hecho esfuerzos en mantener el caso en la palestra mediática del estado.
La legisladora priista abordó el tema y obligó a
La funcionaria estatal a señalar que cuando inició la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, ya había una denuncia que se presentó en noviembre de 2022 ante la Contraloría del estado, “por posibles responsabilidades administrativas y está dando seguimiento la Contraloría”.
“La denuncia se hace para quien resulte responsable y es la Contraloría quien tiene que hacer las gestiones para la carpeta de investigación y como en todos los casos donde hay una investigación a judicializar”, señaló la funcionaria estatal.
Gracias a la presión social y mediática se conoce que actualmente hay un procedimiento mercantil, en el que el banco quebrado tiene que pagar los pasivos laborales.
Además, que hay una orden de prelación donde el estado de Hidalgo se encuentra en quinto lugar para buscar recuperar los recursos.
Recursos que no son menores y que, al menos, se tendrá que informar los recursos que se perdieron.
Son dos años en que hay declaraciones públicas, señalamientos públicos que infieren la responsabilidad de quien era la, valga la insistente redundancia, la cantidad de dinero del erario que se perdió.
La insistente pregunta es si quedará todo en meras declaraciones mediáticas que sirven para atizar al discurso del pasado negro y corrupto que alimenta la causa electoral tan socorrida desde que inició “la transformación”.
Las consecuencias legales son, hasta ahora, absolutamente insuficientes.
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