Por Batalla por el control del Poder Judicial.
El poder del discurso presidencial es aplastante, lo fue con la verborrea pendenciera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo es aún más con la elocuencia mesurada de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El efecto es el mismo: la sociedad supone que el Poder Judicial debe también estar sometido a los designios “del pueblo”, es decir, del partido en el poder.
El pueblo siempre ha sido la extensión hiperbólica del partido en el poder, no es distinto ahora.
En sus primeras giras como la primera mandataria federal en la historia nacional, Sheinbaum Pardo resaltó que el pueblo de México decidió la democratización del Poder Judicial.
No lo decidió, el pueblo votante no tenía ni tiene la menor idea, porque jamás lo ha (hemos, kimosabi) hecho.
Elegir presidencias municipales, diputaciones locales o federales, es decir, la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyos representantes no requieren más allá de saber leer y escribir, no es lo mismo, en lo absoluto, que elegir a quienes deben conocer, interpretar y aplicar las leyes que nos rigen como sociedad.
“Mucha gente piensa que el amparo sirve para que multimillonarios evadan impuestos o los capos la cárcel”, escribió el jurista tapatío Gibrán Zazueta.
En su desconocimiento-y el bombardeo propagandístico desde el poder- la sociedad poco sabe que el poder judicial no cobra por un amparo, y que estos sirven, cuando son aplicados con apego a derecho, para que el IMSS otorgue atención médica a las personas.
Para que se le pague lo justo a ejidatarios que se les expropiaron sus tierras.
Para que a una persona no se le cobren multas excesivas o un impuesto predial alto o para que se garantice un medio ambiente sano.
Durante el fin de semana se desató una batalla legal para decidir el destino del Poder Judicial: Movimiento Ciudadano obtuvo una suspensión provisional ordena a los congresos locales abstenerse de hacer cambios en sus constituciones estatales para adaptarse a la reforma, al menos durante los próximos 180 días naturales.
Acción Nacional informó que presentó una “exigencia formal” para que el INE acate el mandato de las autoridades jurisdiccionales federales, que ordenan suspender el proceso electoral judicial.
Un diputado de Morena presentó una iniciativa para modificar la ley orgánica del Poder Judicial, para que no puedan analizar la constitucionalidad de la reforma judicial,
La iniciativa que presentó dice: “En particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendrá facultades para conocer controversias relacionadas con reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Es decir, las tiene.
La irretroactividad es un principio que se encuentra establecido en la Constitución.
Ayer, el INE impugnó las suspensiones contra la Reforma.
‘’El Segundo Piso de la Cuarta Transformación es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México’’, aseguró Sheinbaum Pardo, mientras ganaba por aclamación una consulta a mano alzada en un mitin.
Así de imparcial, la reforma judicial.
**Las expresiones contenidas en estas líneas, no representan la postura editorial de CentralMX, simplemente son señalamientos recogidos de los pasillos de los edificios públicos y en redes sociales.
Más en:
