Por Advirtió que obstaculizar la justicia es “una grave violación a la Constitución”.
El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, subrayó que la Reforma al Poder Judicial es un mandato popular que cumplirán dicho partido político y sus aliados; sin embargo, reiteró que escucharán a todas las partes.
A través de un mensaje emitido en redes sociales, el senador enfatizó que “es importante hacer caso a lo que los ciudadanos dijeron en las urnas, por eso seremos responsables, cuidadosos y prudentes al establecer estas modificaciones a la Carta Magna”.
Informó que el proyecto de dictamen se discutirá en comisiones de la Cámara de Diputados el próximo 26 de agosto, para que se turne a la Mesa Directiva de la nueva Legislatura.
El legislador puntualizó que se prevé que la discusión de la reforma inicie entre el 2 y el 3 de septiembre en la Cámara de origen, cumpliendo con el proceso formal y con las normas vigentes.
Recordó que la factibilidad de este proyecto fue cuestionada por ministros, magistrados y jueces, pues consideraban que Morena y sus aliados no tendrían la mayoría legislativa para modificar la Constitución.
En ese sentido, dijo que las reacciones del Poder Judicial a esta propuesta son normales, pues es natural que se opongan al ser los receptores de este producto legislativo; sin embargo, destacó, la reforma cuenta con el apoyo de entre el 70 y el 80 por ciento de las y los mexicanos.
Ricardo Monreal recalcó que la iniciativa surge de la falta de acceso a la justicia, por la corrupción, por las redes de nepotismo y de tráfico de influencias, así como por los vicios del Poder Judicial que se han constatado durante este proceso.
Por ello, el líder parlamentario señaló que el paro en algunas regiones y circuitos del Poder Judicial no debe preocupar ni extrañar a nadie, pues están en su derecho de protestar. “Es su derecho, mientras no afecten derechos de terceros”.
Aunque de acuerdo con el artículo 17 constitucional, ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni menos ejercer violencia para reclamar su derecho.
El senador sostuvo que entiende sus problemas y preocupaciones, pero obstaculizar la impartición de justicia pronta y expedita en favor de los ciudadanos, es una grave violación a la Constitución.
