Por La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) expresó en un comunicado de prensa su rechazo hacia la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de Senadores en contra de la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
“Prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”, se puede leer en el documento.
Según la Consejería, los impugnantes intentan beneficiarse de sus acciones antidemocráticas, ya que estos legisladores se negaron a participar en el debate parlamentario y, en cambio, trataron de obstaculizar las sesiones legislativas.
Los Senadores opositores han alegado una violación al procedimiento legislativo relacionada con el cambio de sede de las sesiones, sin embargo la Consejería señala que fue precisamente su comportamiento el que llevó a sesionar en un inmueble alterno del Senado de la República.
Aunque son 43 legisladores los que firmaron la acción de inconstitucionalidad, el comunicado únicamente menciona a Xóchitl Gálvez, asegurando que la grabación de las sesiones y “la confesión expresa” de la Senadora respaldan esta afirmación, demostrando que su intención era impedir el debate parlamentario, en lugar de participar activamente en él.
Enfatiza que nadie puede beneficiarse de su propia conducta “indebida o torpe”, por lo que la Consejería argumenta que los legisladores no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma cuestionada, pues fueron ellos mismos quienes buscaron obstaculizarla. Además, se destaca que la acción de inconstitucionalidad no presenta argumentos de fondo que afecten la validez de la reforma.
En el documento, la CJEF hace hincapié en la importancia de mantener la validez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo, ya que declarar su invalidez podría afectar los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplir con los compromisos internacionales de combate al tráfico ilegal de estas sustancias.
Finalmente piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe imparcialmente y tome en cuenta las conductas “antidemocráticas” de los legisladores actores al evaluar la validez del decreto impugnado.
