Por Accendo, Jessica Blancas y las deudas de Hidalgo
Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara
Hoy miércoles, se cumplen 21 meses de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició proceso de liquidación de AccendoBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
En ese momento, Francisco Javier Reyes de la Campa, quien fuera director general, fue señalado por posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y se puso en la mira no sólo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), regulador y supervisor de Accendo Banco, sino también de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
En ese proceso, el gobierno de Hidalgo se constituyó como la entidad que mayor dinero perdió por la insolvencia de la institución, con un monto de 807 millones, 128 mil 783 pesos, invertidos en esa institución bancaria por la entonces responsable de las finanzas públicas estatales, Jessica Blancas Hidalgo.
En febrero de 2022, la diputada local de Hidalgo, María del Carmen Lozano Moreno, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para llamar a comparecer a Blancas Hidalgo, para que informara sobre esas “inversiones” con el banco Accendo.
Como lo informó en esa fecha el periodista Emmanuel Ameth, el monto invertido por la dependencia encabezada por Blancas Hidalgo supera la garantía del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), “por lo que se encuentran junto con otros actores con prioridad del rango 6 en materia de recuperación, por lo que muy probablemente el dinero de los hidalguenses no volverá a ser visto”.
Accendo Banco presentó problemas de liquidez desde febrero de 2020, más de un año antes de que sucediera la quiebra, “por lo que Jessica Blancas deberá explicar el por qué decidió continuar manejando con dicha institución cuentas de participaciones federales para la infraestructura estatal así como para los municipios”, lo que no ocurrió.
Jessica Blancas evadió por todos los medios acudir al Congreso a explicar algo para lo que no tiene explicación, pues tendría que revelar que perdió ese dinero por error o por corrupción.
El 24 de enero de este año, el secretario de Contraloría estatal, Álvaro Bardales, informó que el caso Accendo podría tardar hasta siete años en resolverse, mientras se concluye el concurso mercantil que inició el gobierno estatal para recuperar los 807 millones de pesos que la anterior administración invirtió en el banco que se declaró en quiebra.
Hasta entonces, afirmó, tampoco se puede actuar en contra de Blancas Hidalgo.
A poco menos de dos años de ese desfalco a las arcas públicas estatales, ayer, el Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado de la República, publicó un análisis en que se aprecia que las obligaciones financieras al primer trimestre de 2023 que tiene el estado de Hidalgo con sus acreedores, es de mil 167.9 pesos por persona.
De acuerdo con sus cifras, en ese periodo, el Gobierno de Hidalgo mantiene una deuda de poco más de 3 mil 721 millones 800 mil pesos, la cual disminuyó en un 9 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Adicionalmente, la entidad mantiene indicadores positivos en “Sostenibilidad de la deuda”, “Capacidad de pago” y “Disponibilidad financiera para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo”.
La recuperación financiera va por buen camino, según se aprecia.
La justicia, lenta, ciega, sorda y medio bruta, continúa atorada.
