Por De acuerdo con la Ley General de Salud, las certificaciones por defunción violenta deben realizarse a través del Ministerio Público
A través de redes sociales, en un grupo de Facebook llamado “Nenis Tulancingo”, personas piden apoyo económico para una mujer que presuntamente perdió a sus familiares en un accidente automovilístico.
En la publicación se observa el nombre de las dos personas fallecidas así como de su familiar; diversos documentos médicos, además de incluir datos bancarios para realizar transferencias.
Sin embargo, el certificado de defunción que exhiben, está firmado por una médico que no existe en el registro del Servicio Médico Forense de la Procuraduría general de Justicia del estado.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud, ante la muerte violenta, incluso por accidentes vehiculares, los certificados que tienen validez son únicamente los realizados por personal de la PGJEH.
El artículo 92 del reglamento especifica que “en el caso de muerte violenta o presuntamente vinculada a la comisión de hechos ilícitos, deberá darse aviso al Ministerio Público y se observarán las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes”.
La certificación de una persona fallecida en tales circunstancias debe realizarse obligatoriamente ante la intervención del Ministerio Público y posteriormente la realización de la necropsia por personal forense de la dependencia.
En una verificación con el SEMEFO, se conoció que la facultativa que signa el certificado, no pertenece a la PGJEH, por lo tanto, carece de validez legal para realizar ese trámite.
Además, la nomenclatura registrada en el certificado no corresponde a la utilizada por la dependencia estatal en los informes forenses y periciales para el caso de fallecimientos de esta naturaleza.
El coordinador de Comunicación Social de la PGJEH, Eder Arteaga, confirmó que la persona que firma el certificado no es parte de la Procuraduría y tampoco existe ninguna carpeta de investigación relacionada las personas fallecidas.
