Por La votación anticipada se llevará a cabo del 6 al 20 de mayo en 12 centros penitenciarios de la entidad
La Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Hidalgo, firmaron el convenio de colaboración para que aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva tengan la posibilidad de ejercer su derecho al voto durante el próximo Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.
Dicho encuentro, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, al frente de Salvador Cruz Neri, quien le dio la bienvenida a la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Ma. del Refugio García López, así como a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, María Magdalena González Escalona.
Esta iniciativa surgió de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quién determinó que las personas sin sentencia y bajo prisión preventiva, conservan sus derechos político-electorales, por ello se establecen compromisos específicos entre ambas instituciones, con la finalidad de permitir el voto en los Centros de Reinserción Social (Cereso).
Actualmente, Hidalgo cuenta con 12 centros penitenciarios ubicados en Actopan, Apan, Huichapan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Tenango de Doria, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo. En tanto que, hasta el corte de enero 2024, la SSPH reportó un total de mil 635 personas que esperan una sentencia, de las cuales, mil 486 son hombres y 149 son mujeres.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la votación anticipada de las personas en prisión preventiva, sin sentencia condenatoria, correspondiente al Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, del 6 al 20 de mayo, en atención al principio de presunción de inocencia y a fin de maximizar el ejercicio de sus derechos humanos.
Mediante este acuerdo ambos organismos garantizarán un proceso electoral inclusivo y respetuoso, pues el INE se comprometió a intercambiar información, cubrir gastos de implementación y llevar a cabo actividades con racionalidad presupuestal.
Mientras que la SSPH se comprometió a brindar seguridad durante las actividades electorales, comunicar cualquier obstáculo al voto, informar sobre cambios en la situación jurídica de las personas en prisión preventiva, así como colaborar en la implementación de lineamientos, dar a conocer medidas de seguridad y restringir el acceso en caso de incumplimiento, tomando medidas adicionales si la estabilidad de los centros penitenciarios está en riesgo.
