Por Prisión Preventiva Oficiosa, “una detención arbitraria”.
La Organización de las Naciones Unidas capítulo México señaló que, ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), “reafirmamos que esta figura contraviene los Derechos Humanos”.
La ONU añadió que la PPO, “lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse”.
Según mecanismos internacionales, la reforma promovida por el Gobierno mexicano “es una Detención Arbitraria”.
De acuerdo con dijo Volker Turk, alto
Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sobre ampliar la PPO: “Nunca pensamos que sea la respuesta en este tipo de circunstancias. Esto ha sido una preocupación no sólo en México (…). Necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento”.
“Sigo preocupado por la reforma judicial – lo he dejado muy claro- porque tememos que algunas de las disposiciones que existen actualmente corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del poder judicial, pero también su capacidad para defender eficazmente el Estado de derecho”, agregó.
El último día de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política nacional (CPEUM), el cual amplía los delitos sujetos a Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).
Desde ese momento, la extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados y contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales también serán sujetos a PPO.
El decreto establece también que las autoridades deben atenerse estrictamente al texto de la norma, sin interpretaciones que modifiquen su alcance.
Esto contraviene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos en lo relativo a la aplicación de la PPO.
