Por Contratos leoninos para las consultas
Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara
Es decir, ventajoso para una sola de las partes.
Y en este caso, habrá que dilucidar quién o quiénes sacaron la mayor ventaja de esos contratos que el Congreso del estado celebró con una sola empresa, SEAP Consultores S.C., la que, por cierto, cuenta con más contratos por la vía de la adjudicación directa, que en otro momento abordaremos.
Como se ha informado en este espacio, la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas de Hidalgo, cuyo contrato celebrado es el CELSH-DGSA-LP-CO23/2022, tuvo un costo al erario fue de 9 millones 720 mil pesos.
El que concierne a la Consulta a personas con discapacidad, con la misma empresa, cuya representación legal es de Mariana González Morales, costó al Congreso 2 millones 494 mil pesos, bajo el folio CELSH-DGSA-LP-CO24/2022.
El fondo de los contratos es que fueron pagados por el Congreso y cumplidos por la empresa.
Sin embargo, la Suprema Corte invalidó las consultas y tendrán que repetirse una vez concluyendo el proceso electoral del año próximo.
Es decir, esta Legislatura le heredará ese desaguisado a la que entrará en funciones en 2024.
Una herencia maldita, desde luego, pues además de perder el tiempo nuevamente, para planear y ejecutar lo que debió quedar listo y bien hecho desde la presidencia del morenista experredista Ricardo Baptista, tendrán que analizar el proceso para pagar, otra vez, el procedimiento de consulta.
El contrato de la consulta indígena no establece ningún concepto jurídico de la reforma para los derechos político – electorales.
Contempla, lo cual cumplió la empresa, la entrega de un documento impreso y electrónico de los siguientes resultados:
Actualización del catálogo de comunidades y pueblos indígenas, “monografías” de cada localidad indígena, base de datos con la información de cada localidad.
Además, el registro de personas que proporcionaron esa información, propuesta de armonización y reforma legal en materia de la consulta y resultados de la consulta sobre la “armonización constitucional”.
Ambos contratos, que fueron signados por Rebeca Fernández, directora de Servicios Administrativos en el periodo del diputado Jorge Hernández Araus como presidente de la Junta de Gobierno, dejan en el aire, en la incertidumbre, la posibilidad de una defensa para el Legislativo ante lo que ocurrió, la invalidación por inconstitucionalidad.
La elaboración de esos contratos corrió por cuenta de la administración de Hernández Araus, de la que fue encargada, al menos en la supervisión, Meritzia García Covarrubias, cuya labor era verificar que el contrato se cumpliese de conformidad con lo pactado y se cumpliesen “las órdenes del Congreso” dadas por escrito.
Leoninos contratos, millonarios contratos, en los que no se estipuló, por negligencia, ignorancia o corrupción, un mecanismo claro que respaldase al Congreso ante la colosal eventualidad que finalmente sucedió.
Dos consultas a pueblos indígenas mal hechas, millones tirados a la basura.
¿Y los responsables? Sonrientes, pidiendo el voto para su siguiente cargo, con la promesa impertérrita de no mentir, no robar y no traicionar.
