Por Voto biométrico y consulta indígena en el Congreso, incompletos.
Por: Fernando Hidalgo Vergara
El voto biométrico en el Congreso de Hidalgo estuvo muy cerca de ser implementado el pasado mes de septiembre de 2022, el equipo y programas necesarios están en perfectas condiciones.
Lo que impidió su arranque, fue la incapacidad de la mayoría de diputadas y diputados de registrarse en el software utilizado para ello.
Solo lo consiguieron seis, siete acaso, todos del PRI. Los demás, no lograron entender el funcionamiento del registro de datos, rostro, huellas y el proceso para poder votar a través de la tecnología.
El proveedor del equipo y programas cibernéticos rechazó estar inhabilitado por la Secretaría de Contraloría del gobierno estatal, como se informó el 4 de abril.
A condición de reservar sus datos por temor a verse inmiscuido en problemas que le compliquen la consecución de contratos, el dueño de la empresa Estructura en Sistemas de Seguridad y Comunicaciones ESCO S.A. de C.V. aseguró que cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el Poder Legislativo.
No solo entregó el equipo técnico y tecnológico necesario, sino dejó perfectamente funcional el sistema, las tabletas y pantallas necesarias.
“Mi empresa no está sancionada bajo ninguna circunstancia” aseguró y señaló que dejó de operar a consecuencia de la pandemia de COVID, no por alguna inhabilitación o sanción.
Ni desapareció ni se le sancionó; sucumbió a los estragos del monstruo microscópico.
El sistema fue retirado durante la presidencia del panista Asael Hernández Cerón, precisamente, por la pandemia y las medidas de seguridad y sana distancia que debieron implementarse.
Si posterior a ello no se ha instalado, es por causa exclusivamente atribuible a las administraciones posteriores.
El caso de la consulta indígena es similar, pero mucho más caro.
Una consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la ineficacia, desorden y desaseo de la realizada durante la presidencia de Ricardo Baptista.
De acuerdo con la licitación, contrato y condiciones estipuladas por el Congreso local, la consulta se llevó a cabo subsanada por el pago de cerca de 10 millones de pesos.
Los “entregables” y requisitos fueron ejecutados; la última parte ordenada por la SCJN permanece, también, incumplida.
No hay ninguna armonización legislativa, ni iniciativa presentada para solventar las inervaciones que llevaron a la nulidad legal los decretos previos aprobados, derivados de la consulta anulada, que indiquen que se concluyó con ese trabajo.
El tiempo avanza inexorablemente, horadando nuestras vidas con su goteo de días…
