Por Vaya trabajo titánico de la Contraloría
Y utópico.
Sancionará la secretaría de Contraloría a quien use al gobierno como “trampolín político”.
Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara
Que inicie con la secretaria de Turismo, quien ya es objeto de una investigación que el Tribunal Electoral ordenó al Instituto Estatal Electoral realizar con más profundidad de lo que había hecho: nada.
Tendrá que vigilar a funcionarias y funcionarios de primer nivel que utilizan sus redes sociales oficiales, operadas por personal pagado por el gobierno, para promover al partido en el poder, ya sea con frases o imágenes llenas de intención y lisonja, sobre todo, al presidente de la República, quien es el mayor promotor de sus candidaturas y el mayor violador de la legislación electoral.
De acuerdo con el calendario electoral 2024, en Hidalgo se renovarán 30 diputaciones locales —18 por mayoría relativa y 12 de representación proporcional—, así como 84 presidencias municipales, 84 sindicaturas, 14 sindicaturas de Primera Minoría (PM).
El titular de la Contraloría del estado, Álvaro Bardales, consideró que a pesar de que la ley no obliga a servidores públicos a renunciar a cargos públicos, en caso de buscar puestos de elección popular, deben conducirse con apego a la norma, mantener su desempeño laboral en su cargo o comisión y realizar su proceso bajo la premisa de “servir al pueblo”.
Incluso en ese eslogan, cuyo objetivo es transpolar al “pueblo” como un ente etéreo que es ayudado, beneficiado únicamente por quienes sirven al movimiento de la Cuarta Transformación, va implícita una carga electoral de la que se sirven las y los funcionarios estatales.
En ese tenor, la construcción de mensajes, con carácter electoral, por parte de integrantes de primer nivel del gobierno y del Poder Legislativo, es ampliamente registrado e inoperantemente observado.
El titular de la Contraloría fue enfático al señalar que las leyes que sancionan a servidores públicos que incurran en omisiones político-electorales, no son privativas del gobierno, ya que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad intervenir al detectar irregulares previas o durante el proceso comicial.
Las buenas intenciones del titular de la Contraloría tendrán que respaldarlas con acciones en las que, realmente, se observe el cambio, “la transformación” en las acciones de sus compañeros y compañeras de gabinete que se lucen al amplificar sus potenciales aspiraciones políticas.
Pero con un innegable resabio de comisuras electorales, ante las que no solo la Contraloría, en este ataque de legalidad, sino los organismos instituidos para esos efectos legales, tendrán que vigilar con cuidado.
El apego al Código Electoral de Hidalgo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución Política no son frases hechas, ni alardes demagógicos.
Veremos quienes resisten la tentación de ponerse a trabajar y dejar la foto para el momento adecuado.
