Por Escaló la violencia en una década.
Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara
Hace exactamente una década, el 26 octubre de 2013, se concluyó la Encuesta Nacional del Sistema de Justicia en México (ENSIJUP), elaborada por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), que dependía de la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) ubicó a la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) como la más confiable del país.
El estudio comprendía tres rubros, favorecer el acceso a la justicia; contar con una justicia eficiente, pronta y expedita además de contar con un procedimiento transparente.
Esa medición, junto con el Índice de Paz México, elaborado y presentado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ubicaban a Hidalgo como uno de los estados más seguros y con mejores índices de justicia en el país.
En una década, por la disminución e incluso desaparición de los fondos federales para la seguridad, esos índices cayeron al punto que el estado ya no está entre los cinco más seguros en México.
En la más reciente medición anual del promedio nacional de incidencia delictiva, Hidalgo ocupó el lugar 20 en el ranking nacional, aunque mejoró su posición al bajar 2 lugares con relación al año antepasado.
En aquella medición, en Hidalgo los 10 principales delitos más cometidos fueron la violencia familiar, lesiones dolosas, robo de vehículo automotor, amenazas, robo a casa habitación, daño a la propiedad, robo a negocio, fraude, lesiones culposas y robo a transeúnte en vía pública.
La suma de estos representó el 63% de la incidencia delictiva total.
En cuanto a delitos de alto impacto, la tasa por cada 100 mil habitantes es de 5.4, cifra inferior a la tasa nacional que fue de 13.7, en ese periodo.
Sin embargo, a partir de ese momento, los números de delitos de alto impacto van en ascenso.
El principal delito en el estado es el llamado huachicoleo, aunque los derivados de esa actividad comienzan a hacer su aparición.
Levantones, ejecuciones, balacearas.
Las iniciales declaraciones del general de Brigada, Alfredo Salgado Vargas, quien tomó protesta como comandante de la 18 Zona Militar apenas el 2 de octubre, levantaron ámpula entre las autoridades estatales.
Si existen, o no, grupos criminales organizados en Hidalgo, el menor de los problemas es negarlo o aceptarlo.
En la última parte del sexenio de Francisco Olvera y durante todo el mandato de Omar Fayad, las cifras de delitos de alto impacto no dejaron de aumentar.
Hay tiempo, y ojalá haya empeño, para que en este incipiente gobierno esos datos oficiales comiencen su descenso.
