Por La corrupción rebasa a la justicia.
Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara
Los actos de corrupción más recientes y más escandalosos ocurrieron en el sexenio próximo pasado, en los últimos meses.
El mecanismo, diseñado con antelación y ejecutado con celeridad, originó una sangría de recursos públicos en el estado.
En el primer año del gobierno de Julio Menchaca, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo presentó 41 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por diversos actos de corrupción detectados en ayuntamientos y dependencias estatales.
De las 41 querellas, 10 corresponden a las alcaldías, 12 a organismos descentralizados y 19 a secretarías estatales, de las cuales siete son de la Contraloría, siete más de la Oficialía y cinco al mismo número de dependencias.
El contralor estatal, Álvaro Bardales Ramírez, detalló durante su comparecencia ante el honorable e independiente Poder Legislativo, que 18 procedimientos de responsabilidad contra servidores públicos de seis dependencias y dos organismos fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa.
Esto, suma la friolera de 688 millones de pesos.
Además, 15 procedimientos a contralores internos por omisión en sus funciones y hay 59 funcionarios estatales sancionados.
Reveló que se presentaron cuatro denuncias contra el exoficial mayor, Martiniano V.O., preso en el penal de Pachuca, por la venta irregular de tres predios por 55 millones más, y de tres helicópteros por 116 millones de pesos, precios que representan menos del 50 por ciento que estipulan los avalúos y que se encuentran por debajo del valor real.
Es decir, una rapiña repulsiva. Compulsiva.
El daño al erario supera los dos mil 200 millones de pesos, confirmó Bardales, entre Estafas Siniestras, Maestras, Dantescas.
Simey Olvera, titular de la Secretaría de Bienestar, por su parte, confirmó la investigación por un probable desvío de 22 millones de pesos, probablemente (sic) atribuibles a su antecesor, Daniel Jiménez Rojo.
Los actos de rapiña a las arcas del estado se desataron a una velocidad inusitada, la investigación y los actos de justicia para castigarlos, avanzan lentos.
Es escandaloso, por decir lo menos, escuchar cómo una y otra vez los funcionarios actuales revelan el festín ilegal que los anteriores se dieron a costas del dinero público estatal.
Esperemos ver, con igual nivel de estrépito, cómo llegan poco a poco los actos de justicia contra las y los señalados.
Lo hemos visto y repetido: César Román “N”, Jessica Blancas, Lamán Carranza, Daniel Jiménez, Martiniano “N”, Atilano “N”. Son demasiados nombres, demasiadas cifras, como para que todo quede en uno o dos personajes de mediano calibre.
La justicia es lenta, ciega, sorda y a veces medio bruta.
Pero llega, y tiene que alcanzar el máximo nivel no solo de jerarquía, sino de castigo.
